La senadora por Melilla del PP, Sofía Acedo, ha destacado que eel Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica de mejora del régimen de protección de la víctima del delito que prohíbe los homenajes a etarras excarcelados y endurece los controles para el acercamiento de presos, de manera que no puedan hacerse sin arrepentimiento ni colaboración con las autoridades. Acedo ha resaltado que proponen que las víctimas, directamente o a través de la representación otorgada a una asociación, puedan recurrir las resoluciones de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria o de Instituciones Penitenciaras sobre los terceros grados a etarras.
La parlamentaria melillense ha destacado que para acabar con los homenajes a etarras, la iniciativa del PP modifica el Estatuto de la Víctima para que los delegados o subdelegados del Gobierno puedan suspender la realización de reuniones o manifestaciones cuando se organicen para recibir y rendir homenaje al autor de un delito de los contemplados en el artículo 23.2.b., dado que estos pueden suponer para la víctima signos de posible represalia o intimidación y de una victimización secundaria y de daños psíquicos, así como ser causa de agresión a su dignidad.
Además, ha subrayado que la Fiscalía actuará contra los organizadores de estos actos cuando fueran constitutivos de delito, en el resto de los casos la autoridad gubernativa iniciará el correspondiente expediente sancionador.
También recoge la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para que si la autoridad gubernativa suspende una reunión o manifestación, los ayuntamientos tengan prohibido facilitar la celebración del mismo. Las autoridades o funcionarios del ayuntamiento que fueran responsables del incumplimiento de esta obligación, cometerán una infracción muy grave que será sancionada conforme a lo previsto en esta Ley.
Respecto a los acercamientos de presos etarras, modifica la Ley Orgánica General Penitenciaria para que la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo tenga que acreditarse, mediante informes de la Audiencia Nacional, de la fiscalía adscrita y los informes técnicos, que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno, y de actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean. También deberá acreditarse su colaboración con las autoridades, especialmente en el esclarecimiento de los más de 300 crímenes de ETA que todavía están por esclarecer.
La melillense ha denunciado que desde que Sánchez llegó al Gobierno y Grande-Marlaska al Ministerio del Interior se han acercado a 176 presos etarras, la mayoría de ellos sin arrepentimiento ni colaboración con la Justicia, y en muchos casos en base a una carta tipo y sin el informe favorable de la Junta de Tratamiento Penitenciario.
La Proposición de Ley del GPP cambia la Ley del Poder Judicial para que las víctimas, directamente o a través de la representación otorgada a una asociación, puedan recurrir las resoluciones de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria.
