El PP ha propuesto a la Ciudad Autónoma de Melilla que rebaje un 99 % el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y aplicar una moratoria de un año en el arrendamiento de las viviendas sociales para intentar ayudar a que las familias melillenses tengan mayor poder adquisitivo frente al aumento de la inflación y los tipos de interés.
En rueda de prensa, el presidente regional del PP, Juan José Imbroda, ha recordado que su partido ha propuesto varias veces medidas de este tipo y ha aprovechado su comparecencia para volverlo a hacer públicamente, aunque ha asegurado que lo harán de manera formal ante la ausencia de medidas por parte del Gobierno local.
Así, ha explicado que la situación económica ha tenido dos efectos nocivos en Melilla, uno para la Ciudad Autónoma, que “se ha endeudado hasta los ojos” pidiendo 160 millones de euros en préstamos en esta legislatura “para no hacer nada” y asegurando que “no pasaba nada porque el interés era muy bajo”.
Sin embargo, la subida de los tipos ha elevado el gasto en intereses a 3 millones de euros “y se pueden quedar cortos”, ha dicho Imbroda, que ha señalado como segundo efecto nocivo la ausencia de medidas para ayudar a la ciudadanía en este contexto económico, en el que las hipotecas se han encarecido entre 1.500 y 4.000 euros anuales, además de la elevada inflación.
Estas dos medidas que plantea el PP, para, al menos, un año, buscan “compensar algo ese exceso de interés” debido a la subida, de manera que las familias tengan un mayor poder adquisitivo, especialmente las desfavorecidas que viven en VPO de alquiler, para que “puedan llenar la cesta de la compra y su vida no sea tan gravosa”.
“Ese dinero del IBI va a estar mejor en las manos de los ciudadanos que en las manos del Gobierno local”, ha aseverado Imbroda para defender estas dos medidas “de altísimo componente social”.
El presidente del PP, Juan José Imbroda, ha instado a CPM a que “no mienta más” sobre el Centro Asistencial, especialmente a las familias que trabajan admirablemente en él, a las que “ha machacado estos cuatro años” porque “en 2020 les quitaron 165.000 euros” y en 2021 y 2022 firmó los convenios que garantiza su financiación a finales de año. Eso “ha ahogado” al centro, que ha tenido que pedir préstamos para seguir funcionando. “En dos meses que quedan para convocar las elecciones, CPM no va a hacer nada”, ha argumentado Imbroda.
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