El presidente Juan José Imbroda aborda la situación urbanística en el Cerro de Palma Santa.
La Ciudad Autónoma de Melilla ha remitido un escrito a la Delegación del Ministerio de Defensa en el que le pide que reconsidere su postura y regularice urbanísticamente el barrio del Cerro de Palma Santa, una zona donde desde hace años existen edificaciones levantadas sin un control urbanístico efectivo.
Se trata de la segunda petición que el Gobierno local realiza para intentar resolver esta problemática después de que fuera rechazada en 2022 por la Delegación de Defensa en Melilla, dependiente de la Administración central, en base a la Ley de Defensa Nacional.
En dicho pronunciamiento, la Delegación de Defensa apunta que, para garantizar la operatividad de las unidades militares y en interés de la defensa nacional, todo el terreno comprendido entre la Pista de Carros y la frontera debe quedar libre de cualquier tipo de actuación.
Ante esta situación, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha reprochado en rueda de prensa a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, que no hubiese presionado al Gobierno central para que modificase el concepto de la Ley de Defensa Nacional, “o adaptar en determinadas circunstancias a los nuevos tiempos de la exigencia de la defensa nacional”.
Pero, primeramente, le ha aclarado que la sentencia judicial es del año 2023 y que en 2022 ya se pidió a Defensa regularizar dichas viviendas. “Y ponerse a trabajar”, ha apostillado, asegurando que la Comandancia General “no tiene nada que ver” en este asunto, salvo “cumplir el mandato que tiene”. “Pero el Ministerio de Defensa sí. Y ahí tienen que ir y decirle a la ministra de Defensa (Margarita Robles) que arregle esto”, ha señalado, reprochándole que “no hiciese nada”.
Por ello , ha culpado a Moh y a la Administración central de que no se haya resuelto la situación en el Cerro de Palma Santa.
Por ello, han solicitado de nuevo a la Delegación de Defensa que reconsideren PP su postura y regularicen las viviendas del citado barrio, pero ha recalcado que “esto lo tiene que arreglar el Ministerio de Defensa” y el Gobierno central, que es el que tiene “la última palabra” en esta cuestión.
En resumen, ha rebatido a Moh que “no tenemos la culpa” de la situación en el barrio y ha mostrado su apoyo a los vecinos y a favor de la ley. “Pero la ley tiene que cambiarse”, insiste.
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