La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha exigido al Gobierno que se someta a una «auditoría independiente» y ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por «irresponsabilidad criminal», tras el fallo de las pulseras telemáticas de maltratadores.
«Exigimos al Senado que realice una auditoría independiente para conocer la dimensión de la gravedad de lo ocurrido y garantizar que no vuelva a ocurrir», ha subrayado Alicia García, este jueves, en una rueda de prensa en la Cámara Alta.
Asimismo, ha reclamado la «dimisión» de la ministra de Igualdad y su «comparecencia urgente en el Próximo Pleno del Senado para que dé cuenta de su nefasta gestión».
«Que responda con claridad cuántas mujeres se han visto afectadas, cuántos casos judiciales se han comprometido, cuánto tiempo estuvieron las víctimas desprotegidas, cuántos agresores se han beneficiado del caos del Gobierno y cómo van a reparar el daño de las mujeres afectadas», ha explicado.
Además, García ha lamentado que «mientras Sánchez hacía propaganda, las víctimas estaban más solas que nunca». «Las mujeres víctimas no necesitan pancartas ni eslóganes. Las mujeres víctimas necesitan protección, justicia y verdad. Menos pancarta y más protección. Eso es lo que exigimos al Gobierno», ha pedido.
Según la portavoz del PP en el Senado, «el Gobierno lo sabía, le advirtieron, cayó y silenció».
«Veinte meses después de ser advertida por el Consejo General del Poder Judicial, la Ministra de Igualdad no sólo desoyó las alertas, sino que permitió que un sistema defectuoso de pulseras antimaltrato pusiera en peligro a las víctimas», ha puntualizado.
En este sentido, ha añadido que «ignorar durante tanto tiempo un aviso tan grave no es incompetencia» sino «irresponsabilidad criminal».
Así se ha pronunciado la portavoz del PP en el Senado, después de conocerse que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha alertado en su Memoria de 2024 de absoluciones por «múltiples fallos» en las pulseras telemáticas de maltratadores.
El Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del Sistema de seguimiento con una empresa privada, encargada de realizar la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos. Estas tareas son desarrolladas por el Centro Cometa, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido que se detectaron «algunas incidencias técnicas» cuando se produjo un cambio de contrato. «Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente», explicó este miércoles en declaraciones a medios en el Congreso de los Diputados.
