agosto 12, 2022 14:45

El PP lleva el laboratorio covid al Tribunal de Cuentas y no descarta acudir a la vía judicial

Laboratorio Covid

Sospecha que puede haber “una presunta connivencia” entre la empresa y los consejeros Mohamed Mohand y Dunia Almansouri.- Los populares insisten en que hay un “evidente sobreprecio” de casi 298.000 euros

El PP ha llevado al Tribunal de Cuentas la construcción del laboratorio covid Ciudad de Melilla que el Gobierno local inauguró poco antes de las pasadas Navidades en el cuartel de Santiago, y no descarta acudir también a la vía judicial entre todas las instancias posibles que les ofrece el Estado de Derecho. El vicepresidente segundo de la Asamblea, Daniel Conesa, mostró las sospechas de su partido de que pueda haber una “presunta connivencia” entre la empresa adjudicataria y los consejeros Mohamed Mohand y Dunia Almansouri.

En rueda de prensa, Conesa argumentó que varias son las “cuestiones fundamentales” en las que el PP basa sus sospechas, además de la falta de explicaciones por parte del Gobierno local, al que ha preguntado sin éxito en varias sesiones de control en la Asamblea, la última, el pasado viernes.
“Siguen sin aclarar en qué consistió el suministro por la empresa adjudicataria por 495.000 euros, tal y como viene en el expediente”, ni tampoco por qué no se ha pagado la factura de 495.000 euros que supuso la creación de este laboratorio, así como el “problema que ha llevado a Intervención a no darle el visto bueno”, lo que el PP cree que tiene relación con el “material supuestamente suministrado u ofertado por la empresa”.
Otra de esas cuestiones es el “evidente sobreprecio” que, a juicio del PP, existe en esta actuación, que cifra en 297.998 euros. Esta cuantía que, según el PP, el Gobierno habría pagado de más, sale de un “cálculo sencillo” derivado de una información facilitada por la Ciudad Autónoma, que es el IPSI pagado por la importación de dichos elementos, y que va en función de un porcentaje del valor de la factura presentada por la empresa.
Conesa dijo ayer que el IPSI pagado, tal y como ha informado la Ciudad Autónoma, es de 12.080 euros, por lo que “trasladado al importe de la factura, sería 153.771 euros”, a lo que habría que sumar 20.000 euros del transporte a Melilla y su colocación en la parcela, además del 6 % de beneficio habitual para las empresas en este tipo de operaciones.
Todo ello, según los cálculos del PP, sitúan el supuesto coste del laboratorio covid en unos 200.000 euros y no en los 495.000 euros por los que fue adjudicado, de ahí que los populares insistan en que existe un presunto sobrecoste cercano a 300.000 euros y que esa sería la razón por la que no habría sido abonada la factura por problemas en la Intervención.

“Todas las instancias”
Por todo ello, Conesa anunció que el PP va a acudir a “todas las instancias pertinentes, sin descartar ninguna, que el Estado de Derecho pone al alcance” para que este asunto pueda aclararse, “ya que ellos no quieren hacerlo”. “Este asunto hace tiempo que nos huele muy mal”, insistió Conesa para defender que su partido haya decidido acudir por ahora al Tribunal de Cuentas, pese a estar convencido de que más adelante, cuando tocara la fiscalización del ejercicio, esta institución habría investigado.

“Había otras alternativas más económicas y su actual cierre para trasladar los test a un instituto lo demuestra”

El vicepresidente segundo puntualizó que el PP no está en contra del laboratorio covid, pero defiende que se podría haber acudido a otras alternativas más económicas para hacer los test de antígenos que se han hecho en esas instalaciones desde su apertura hasta que hace pocas semanas cerraron el laboratorio para desarrollar esa labor en el instituto Reina Victoria Eugenia, lo que para el PP demuestra que llevaba razón en ese posicionamiento.
Además, el PP cree que se podría haber utilizado el laboratorio covid para hacer PCR y lamenta que no haya servido para la campaña de vacunación.
Conesa insistió ayer en que el Gobierno local debe dar explicaciones a la ciudadanía y “está a tiempo” de ello. “Que lo hagan y digan que son figuraciones nuestras y en qué nos hemos equivocado, porque lo que queremos es que nos lo expliquen. No lo han hecho y no tenemos más remedio que recurrir a las vías que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición”, lamentó.

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