El PP defendió ayer la inocencia y “absoluta profesionalidad” de los empleados públicos de la Consejería de Bienestar Social y la exconsejera María Antonia Garbín, que están siendo juzgados desde hace unos días en el denominado caso Abogados, y aseguró que la postura en este tema del portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, Eduardo de Castro, es porque éste actúa “con resentimiento” al haber sido cesado como director del Centro de Reforma hace unos años. En rueda de prensa, el vicesecretario regional de Estrategia del PP de Melilla, Daniel Conesa, ahondó de este modo en la defensa que ya hizo días atrás el presidente del partido, Juan José Imbroda, y que fue criticada por De Castro, que consideraba que eso era una interferencia del PP en la Justicia.
Conesa rechazó ese argumento y aclaró que el PP tiene derecho a defender la inocencia y profesionalidad de los empleados públicos, algo que considera legítimo. Así, incidió en que su partido está “plenamente convencido” de que las personas implicadas en este procedimiento judicial “han obrado en todo momento con pleno convencimiento de que lo que hacían era conforme a la Ley”.
Consideró “muy lamentables” las declaraciones de De Castro, de quien criticó que no respete la presunción de inocencia ni tampoco a sus contrincantes políticos, porque habla de ellos “con gran desprecio” y de manera “muy prepotente”.
Albert Rivera
“Si Albert Rivera se entera de quién tiene en Melilla, tarda dos minutos en quitarlo”, afirmó Conesa, recordando la evolución de De Castro en la vida política melillense, a la que llegó tras su salto “de las redes sociales”, donde “se hartó de insultar a los miembros del Gobierno y no respetar la presunción de inocencia”.
A su juicio, la actuación política de De Castro contra el Gobierno, y especialmente contra la exconsejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, se debe a que ésta lo cesó hace años como director del centro de menores infractores, donde se caracterizó, según Conesa, por su “ineficaz y mala gestión” y su “falta de aptitud”.
Conesa opinó que lo que ahora se está juzgado en el caso Abogados “no debería haber salido nunca del ámbito judicial” porque “una cosa es que el procedimiento administrativo pueda ser mejorable y otra que las personas que han participado en su desarrollo hayan cometido un hecho de relevancia penal”.
