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El PP cree que hay supuestos casos de prevaricación y malversación en el contrato de vigilancia

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Partido Popular de Melilla

Según Donoso, ha habido un sobrecoste de casi 900.000 euros a las arcas públicas de la Ciudad Autónoma

El PP cree que podrían haberse cometido en este caso presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el contrato de vigilancia de las dependencias de la Ciudad Autónoma.

 En un mensaje grabado remitido a los medios, la diputada local del PP Esther Donoso explicó ayer que su partido presentó una querella por las presuntas ilegalidades que los populares consideran que se estaban cometiendo en este contrato.

Ello ha tenido como consecuencia que el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla haya citado a declarar a la vicepresidenta del Gobierno de Melilla y secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, y a la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunia Almansouri. Según el auto, ambas han sido citadas el 30 de septiembre a las 10.45 horas, en calidad de querelladas sobre un supuesto caso de prevaricación administrativa.
Donoso aseguró que advirtió en más de una ocasión a Rojas, consejera de Presidencia y Administración Pública, de que el Gobierno local estaba utilizando de manera fraudulenta la Ley de Contratos del Sector Público “para pagar más dinero a la empresa adjudicataria del servicio”.
Según Donoso, la gestión del Gobierno melillense sobre este asunto ha supuesto un sobrecoste de casi 900.000 euros a las arcas públicas de la Ciudad Autónoma en los 15 meses en los que el servicio estuvo prestándose mediante un procedimiento negociado sin publicidad en el que fue invitada una sola empresa, Sureste.
La diputada popular afirmó que se trata de 60.000 euros mensuales más respecto a lo que la Ciudad Autónoma estaba abonando a la misma empresa mientras tenía adjudicado el servicio de vigilancia de las dependencias municipales mediante una prórroga del contrato.

Seis meses que llegaron a superar los 15
Donoso dijo que, hasta la adjudicación del servicio mediante un contrato mayor, cuyos pliegos estaban en elaboración por parte de la Consejería de Presidencia y Administración Pública, debería haber sido prestado mediante la prórroga del contrato anterior.
Sin embargo, criticó que se haya optado por un negociado sin publicidad ofrecido a una sola empresa, la misma que estaba prestando servicio, por un periodo de 6 meses, que al final se convirtieron en más de 15, lo que considera una “figura fraudulenta de este contrato”. 

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