La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entró en vigor ayer, dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva norma introduce cambios como los límites a la instrucción judicial, las medidas contra la 'pena de telediario' o el cambio del término 'imputado' por el de 'investigado'. La ley también recoge las escuchas e intervención de emails y Whatsapp, regulando por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de Whatsapp, todo ello con la correspondiente autorización judicial. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entró en vigor ayer, dos meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva norma introduce cambios como los límites a la instrucción judicial, las medidas contra la 'pena de telediario' o el cambio del término 'imputado' por el de 'investigado'.
La ley también recoge las escuchas e intervención de emails y Whatsapp, regulando por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico. También se podrán interceptar los mensajes de Whatsapp, todo ello con la correspondiente autorización judicial.
La reforma también pone freno a la incomunicación de detenidos, ya que el juez que la ordene tendrá que justificarla en un auto. Así, los detenidos serán sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado psíquico y físico.
Otra de las novedades es la de la regulación del policía encubierto en internet que podrá investigar en la red mediante el uso de una identidad falsa.
La nueva norma, a su vez, prevé un periodo ordinario de seis meses para la instrucción de causas sencillas y de 18 para las complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses. La ampliación del plazo puede solicitada por el fiscal y, en casos excepcionales, por otras partes personadas, pero no por el juez de instrucción.
Por otro lado, las causas se trocearán y es que esta reforma pretende acabar con las macrocausas con decenas de imputados. Para evitarlas incorpora un sistema –"la regla de conexidad"– que favorece su separación en distintas piezas, con la intención de reducir los tiempos de instrucción.
Por último, la nueva Lecrim crea una segunda instancia penal que permitirá a los tribunales superiores de Justicia revisar sentencias dictadas por las audiencias provinciales y dota a la Audiencia Nacional de una Sala de Apelación que se ocupará de las dictadas por este tribunal.
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