Por medio de esta nota de prensa, la Sección Sindical de Comisiones Obreras de la Ciudad Autónoma de Melilla y con motivo de la intención de la Consejería de Bienestar Social de poner en práctica el Plan de Reasignación de Efectivos de dicha Consejería, quiere recordarle al titular de la Consejería que para poder llevar a cabo este plan…
…y de conformidad con el artículo 37.m del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cualquier movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos deberán ser negociados con las organizaciones sindicales.
En el mismo sentido se le ha hecho llegar otro escrito a la Viceconsejera de Administraciones Públicas para recordarle lo que imaginamos tendrán contemplado hacer en caso de que se lleve a cabo el Plan de Reasignación de Efectivos de la Consejería de Bienestar Social. Desde Comisiones Obreras entendemos que la Consejería de Bienestar Social sufre una dejadez por parte del Gobierno Local, ya que es inadmisible que con el mismo personal que tenían antes del comienzo de la crisis quieran mantener la estructura de una Consejería que se ha visto desbordada por las consecuencias de la crisis y donde se ha aumentado las peticiones de ayudas y prestaciones por parte de los melillenses en más de un 20%.
Puestos en contacto con el Director General de Bienestar Social, en diversas reuniones siempre nos ha hecho saber de las necesidades de la Consejería y de las peticiones que se ha realizado a la Consejería de Administraciones Públicas para que se dotara de más personal para poder abordar toda esta carga de trabajo extra que se está soportando en la Consejería además del aumento de competencia. Del resultado de estas reuniones y de las peticiones del Director General, por parte de CCOO se ha preguntado cada vez que hemos tenido ocasión en Mesa de Negociación a la Viceconsejera Administraciones Públicas, indicándonos que no hay constancia de la falta de personal en la Consejería de Bienestar Social, por lo que una de las dos partes no nos está diciendo la verdad.
Estos hechos se le hizo saber hace unos días en un encuentro informal con el Director General de Bienestar Social, el cual se comprometió a facilitarnos por escrito todas las peticiones que desde que él está de Director General se han hecho a la Consejería de Administraciones Públicas solicitando personal. Yendo al plan de reasignación de efectivos de la Consejería de Bienestar Social, los empleados públicos están bastante nerviosos ante la propuesta planteada por el Consejero, ya que en el primer escrito que se les ha entregado a los mismos no se especifican las Jefaturas a cubrir, ni las coordinaciones de los distintos trabajadores y quien puede o no cubrir dichos puestos de trabajo, tan solo que elijan por orden de preferencia el puesto al que les gustaría ir.
Pensamos que esto es una cosa mucho más seria que hay que meditarla mucho antes de llevarse a cabo. También queremos aprovechar la ocasión para denunciar la situación de incertidumbre en la que se encuentran mucho de estos empleados públicos a día de hoy con su situación laboral, ya que en algunos casos se da la circunstancia de que hay empleados que llevan en una situación con más de 16 años que llevan ocupando puestos concretos que se crearon con motivo de la firmas de convenios con la Administración General del Estado y que a día de hoy esos convenios no están vigentes, por los que están en una situación que no terminan de aclarar y que la propia Consejería de Administraciones Públicas no les facilita la consolidación de esos puestos para una mayor tranquilidad de los empleados. Desde Comisiones,ya se informó a los afectados que a tenor de las modificaciones que establece la última reforma del Estatuto de los Trabajadores pueden iniciar acciones legales para ser considerados trabajadores fijos. De hecho CCOO ha ganado muchas reclamaciones en este sentido a trabajadores de Ingesa, Ministerio de Defensa, Imserso, etc. Pero en el caso de los afectados de la Consejería no se atreven a denunciarlo por miedo a quedar “marcados” y a pesar de ganarlo en un juzgado que se tomen represalias contra ellos y perder lo que la justicia les ha concedido.
