La Operación Ópera ya no es secreta. El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla acordó ayer levantar el secreto de sumario de las actuaciones que se están llevando a cabo en este procedimiento judicial, que investiga si hay irregularidades en la adjudicación de contratos menores de la Ciudad Autónoma. Hay que recordar que este juzgado ya había acordado un levantamiento parcial el 1 de septiembre de 2014. Según el auto judicial, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, aquel levantamiento parcial era para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal, por espacio de un mes. El juzgado acordó diferentes prórrogas por igual tiempo por distintas resoluciones, la última el 17 de febrero de este año.
Ya no habrá más prórrogas, dado que el juez Francisco Ramírez ha acordado levantar el secreto de sumario de las actuaciones en la Operación Ópera, de modo que todas las partes personadas podrán tener conocimiento en lo sucesivo de todos los pasos que se han seguido en este procedimiento.
El Juzgado de Instrucción número 4 ha adoptado esta decisión a raíz de un informe de la Guardia Civil fechado el 3 de marzo, en el que decía no tener objeción a que se levantara el secreto de sumario. El Ministerio Fiscal hizo lo propio una semana más tarde, el 10 de marzo. Ayer, el juez lo determinó con este auto, ya que han “variado las circunstancias que aconsejaron declarar estas actuaciones secretas”, de modo que procede levantar el secreto de sumario para todas las partes porque “no va a perjudicar la investigación en curso”.
Han pasado varios años desde que arrancó la Operación Ópera, de la que la opinión pública tuvo conocimiento en septiembre de 2013 con los registros de dependencias policiales de varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, la investigación había empezado en 2009 a raíz del registro de una gestoría por un presunto fraude fiscal de un pequeño empresario de Melilla, A.K.A.
Además de este empresario, fueron detenidos el 18 de octubre de 2013 el consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, el director general de Gestión Económica en dicha consejería, José Pastor, el funcionario técnico Carlos López Rueda, y el interventor de la Ciudad Autónoma, Francisco Platero. Todos ellos, tras 14 horas de interrogatorios, quedaron en libertad con cargos.
