La reforma del Registro Civil aprobada en 2011 que planteaba su aplicación en julio de 2014 y que posteriormente fue prorrogada hasta julio de 2015, plantea el cambio de algunas competencias, como las conciliaciones, del Registro Civil al Registro Mercantil . Este cambio incita muchas dudas a los jueces y funcionarios y es que hasta el momento cada Registro está actuando acorde a diferentes criterios a falta de instrucciones por parte del Ministerio y un "desamparo informativo" en los juzgados tal y como explicó ayer en declaraciones a este diario el juez de Melilla del Registro Civil, Fernando Germán. El magistrado del Juzgado Mixto 3 y del Registro Civil en Melilla, Fernando Germán Portillo, denunció el "desamparo informativo" hacía los jueces para la aplicación de la reforma del Registro Civil que en algunos sitios ya está suponiendo varios cambios organizativos en materias como las conciliaciones. Y es que la modificación de esta norma traspasa este tipo de procedimientos a los registros de la Propiedad y Mercantiles.
Germán explicó en declaraciones a MELILLA HOY que desde el Registro Civil de Melilla "vivimos de las noticias de la prensa, pero no hemos recibido ninguna instrucción", a pesar de las peticiones de información al Ministerio de Justicia para la aplicación de esta ley. Así, el magistrado contó que al existir esta situación de "desinformación", cada juez "está aplicando las soluciones que cree más conveniente".
Por todo ello, en Melilla a partir del 16 de julio inclusive procedimientos como las conciliaciones ya no serán llevadas por el Registro Civil, sin embargo, tal y como explicó el magistrado que dirige actualmente el Registro en Melilla "si se tramitará todos los que ya estén en curso hasta la marcada fecha" y es que habrán dos años de "adaptación progresiva" de este nuevo traspase de competencias y "se seguirán admitiendo solicitudes de conciliaciones hasta el 15 de julio".
Aún así, no en todos los lugares es así y es que en sitios como Bilbao, Getxo o Barakaldo ya no dan cita para conciliaciones a partir de julio o incluso en el mes de abril. Según indicó Germán, otros juzgados han entendido, por ejemplo con el caso de los actos de conciliación como dos actos diferentes: uno la tramitación del expediente y otro la realización del acto de conciliación los cuales se pueden hacer en otro tipo de registros.
"Serias dudas" ante la aplicación de esta ley: inversiones y elecciones
De esta manera, el magistrado mostró "serias dudas" ante este cambio. Por un lado, la "desinformación", y en segundo lugar que esta modificación iba a conllevar una serie de inversiones que parecen no haber llegado.
Por su parte, los registradores de la propiedad poseen "un malestar generalizado con esta situación" ya que la ley recoge que esta modificación no supondrá que se abandone su gratuidad, sin embargo, supondrá más trabajo para estos registros.
Por otro lado, el magistrado del registro Civil es consciente de que se aproximan dos elecciones durante este año y ante "quitarse la patata caliente durante periodo electoral, puede que el Gobierno vuelva a prorrogar la licencia de la antigua ley".
Y es que, sí es cierto que desde el propio funcionariado, así como los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F (este último mayoritario en el área de justicia), e incluso la nueva marea amarrilla, critican esta reforma al considerar la "privatización" del servicio de este Registro.
Descarga de trabajo frente a calidad del servicio público
A juicio de Germán este cambio "sí sería una descarga de trabajo administrativo en pos del trabajo judicial", sin embargo, el ciudadano "no va a recibir el mismo servicio que recibía en el Registro Civil porque están acostumbrados a trabajar de otra manera", y es que los registradores no reciben dicha formación al respecto y tienen "un gran desconocimiento". Germán cree que darán algún curso de formación, pero tras su paso por otros registros y ver otro tipo de formaciones en cambios de organización interna será "una formación para ponerlo en el papel, que realmente una verdadera formación". Tal y como ha experimentado el magistrado en otros juzgados será "un curso conciso breve e impreciso" que no de herramientas suficientes a los funcionarios. Asimismo, el magistrado planteó que quizás los registradores "puedan tener suficiente fuerza como para exigir un curso de formación útil", pero lamentó que "con las prisas y la improvisación con la que se está llevando puede que no sea así".
¿Gratuito?
El Decreto Ley recoge en una disposición adicional que se añadió durante su convalidación en el Congreso de los Diputados que "la prestación del servicio que constituye el Registro Civil seguirá siendo gratuito sin excepción de ningún tipo", no obstante, Germán explicó que cuando los sindicatos denuncian la "privatización" de este servicio es un problema relacionado con los registradores mercantiles, y es que aunque son funcionarios públicos es el propio registro quien contrata a sus trabajadores y estos trabajadores, cobran por los "aranceles" que paga el ciudadano.
De ahí procede, también el descontento ante los registradores ya que al ser gratuito aumentará la carga de trabajo pero no por mayor dinero. Por ello, las negociaciones con el Ministerio han ido en aumentar los aranceles que se cobran en los Registros de la Propiedad, pero "no les salen las cuentas para llevar este servicio". Otro de los temores de esta ley es que si bien en su aplicación los servicios van a ser gratuitos, "nadie dice que mañana puedan poner tasas a estos procedimientos en el Registro Mercantil".
Juras de nacionalidad
El magistrado señaló que uno de los "agujeros negros" del Registro Civil son las nacionalidades. Y es que según contó aunque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, diga que estos son "deficitarios", el problema radica en Madrid en la Dirección General del Registro que es quien resuelve y es ahí "donde las nacionalidades podían tardar de dos a cuatro años en resolverse". Con el fin de paliar esto se notificó a notarios y registradores para que "auxiliarán" en los expedientes de nacionalidad, lo cual ha pasado de resolverse en años a meses. Ahora mismo, no se sabe que va a pasar con las juras debido a la "absoluta desinformación", pero sí que es cierto que no es la primera vez y es que entre julio y diciembre de 2013 ya se llevaron a cabo las juras de nacionalidad a través de los notarios.
Una reforma no tan nueva
La reforma del Registro Civil de la que el ministro de Justicia, Rafael Catalá se ha anunciado estos días y de las que han salido varias reacciones no es nueva. Fue en el año 2011, cuando bajo el Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados la Ley 20/2011 del Registro Civil. Sin embargo, en su trámite parlamentario se decidió que no fuera hasta el mes de julio de 2014 cuando entrara en vigor. Aún así, esta ley no recogía todavía que el Registro de lo Mercantil sería el encargado de llevar a cabo procedimientos administrativos como las conciliaciones. Fue el pasado año cuando a punto de entrar en vigor la ley, el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, decidió a que serían los registradores quienes asumirían algunas de las competencias del Registro Civil y retrasando su aplicación hasta el 15 de junio de 2015.
