En una de las últimas sesiones de la Comisión de Defensa del recientemente finalizado período de sesiones, un Diputado comenzó su intervención anunciando al resto de los asistentes que iba a defender la posición de su Grupo, sin calificar a nadie como bolivariano, sin hacer valoraciones descontextualizadas sobre decisiones adoptadas hace muchos años, sin juzgar las intenciones por las cuales pensaba que el resto de participantes defendían las posiciones que cada uno defendía y sin denominar a ningún grupo como “esa gente”. Huelga decir que ese comienzo de intervención causó sorpresa en la audiencia, dado lo inusual de la misma, así como, lo que, a mi juicio, es peor, el exceso de descalificaciones al adversario al que nos hemos venido acostumbrando hasta el punto de convertir dichas descalificaciones en la parte esencial de la defensa de los argumentos de cada cual. En otras palabras, hemos consolidado la técnica de la destrucción del argumento contrario y si es posible, la credibilidad y la honra de quien lo defiende, como la única vía para defender el propio.
Durante el desarrollo de la citada sesión de la Comisión de Defensa, una de las Comisiones menos agresivas en esta práctica de la descalificación mutua, el Partido Popular presentó dos Proposiciones No de Ley en favor de dos colectivos específicos de personal de las FAS. Los ponentes de los Partidos que respaldan al Gobierno, en lugar de posicionarse sobre las actuaciones que se planteaban en favor de ambos colectivos, optaron por cuestionar las intenciones “reales” perseguidas por los ponentes del Partido Popular. Durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado, que culminaron su recorrido en ambas cámaras en tiempo récord, las más de 1500 enmiendas al articulado y a la finalidad de diferentes partidas presentadas por el Partido Popular fueron o bien directamente vetadas o bien rechazadas. Es difícil de creer que ninguna de ellas fuera aceptable o ni siquiera digna de consideración. Lamentablemente, por proceder del Partido Popular, tenían muy pocas expectativas (o ninguna) de ser, ni siquiera tenidas en consideración, como al final resultó. Lo mismo se puede decir sobre la tramitación de la Ley de Educación. Ninguna enmienda técnica admitida a trámite. Sólo admitidas aquéllas de carácter político a cambio del respaldo a los Presupuestos Generales del Estado. En otras palabras, un trueque. Cesiones en asuntos medulares, como la vehicularidad del castellano en la educación en algunas regiones de España, a cambio de respaldo a unos Presupuestos, independientemente de lo que éstos dijeran.
Con el debate sobre la Ley de Eutanasia, se alcanzó la cota máxima de la descalificación al discrepante, cuando, por no compartir el punto de vista sobre esta Ley, sin insultar ni ofender a nadie, la ponente, de un Grupo Parlamentario de oposición al Gobierno, fue calificada de persona “pija y sin alma”, como aportación intelectual de más alto nivel en defensa de sus postulados por parte del ponente de turno. No merece más comentarios. Durante el período de sesiones del Congreso de los Diputados que acaba de finalizar, el Grupo Parlamentario Popular propuso la creación de una Comisión interministerial para la realización de un diagnóstico multidisciplinar sobre todos los aspectos que concurren en las ciudades de Ceuta y Melilla, que dificultan la sostenibilidad de las mismas. Dicha propuesta fue rechazada por todos los grupos políticos que respaldan al Gobierno. El argumento más contundente expuesto por la ponente del Partido Socialista fue que en 2013 el Partido Popular se había opuesto a la solicitud de su Grupo para el ingreso de Melilla en la Unión Aduanera, obviando el pequeño matiz de que en aquel momento tal ingreso fue considerando inconveniente por razones técnicas y no porque lo propusiera un Grupo Parlamentario u otro. No parece compatible el pretendido carácter progresista de nuestra izquierda con su obsesión por vivir instalados en el pasado y ejercer continuamente tareas de oposición; cuando están en la oposición, al Gobierno y cuando están en el Gobierno, a la oposición. La actividad política se vería muy beneficiada del posicionamiento de nuestros representantes políticos a favor o en contra de ideas, pero siempre desde una óptica constructiva a favor del interés general, con independencia del origen de la propuesta.
