Pedro Sánchez comparecerá en julio en el Congreso para hablar de la UE y, previsiblemente, de Leire Díez y el fiscal general
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reafirmó el apoyo “total” del Ejecutivo al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y acusa al Tribunal Supremo de llevar a cabo actuaciones “difíciles de entender”, después de que ordenase su procesamiento por revelación de secretos. El Gobierno deja claro que mantendrá su respaldo a García Ortiz hasta el final, aunque se confirme la apertura de juicio oral en su contra y tenga que sentarse en el banquillo de los acusados, según precisan fuentes de Moncloa. No obstante, son conscientes de que existe un límite y si llega a haber sentencia en su contra, tendría que dejar el cargo por las normas propias de la Fiscalía.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Alegría negó “categóricamente” que Moncloa diese instrucciones a la Fiscalía relacionadas con la filtración sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que están en el origen del caso. Y lamenta por tanto que el magistrado del Supremo Ángel Hurtado haga estas afirmaciones “sin ninguna prueba”. La ministra considera que tampoco existen pruebas de que García Ortiz sea el responsable de la filtración de los datos personales de González Amador y reprocha al magistrado que no haya tenido en cuenta y “haya tirado a la basura” declaraciones de periodistas que eximían al fiscal. Por tanto ha señalado que hay “algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender” al tiempo que insistió en que el Gobierno tiene “total confianza” en García Ortiz “y en la Fiscalía en su conjunto” que están dedicados a “perseguir el delito”.
Por otra parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, garantizó este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá ante el Pleno en julio para dar cuenta de la cumbre europea de finales de este mes y dio a entender que también aprovechará esta sesión para rendir cuentas de otros temas como el llamado ‘caso Leire’ o el procesamiento del fiscal general.
