El Gobierno prevé una «reforma integral» del Cógico Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado, lo que incluye al Ejecutivo pero también a la Corona, en el marco del Plan de Acción por la Democracia aprobado en Consejo de Ministros.
Así lo ha trasladado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha adelantado algunas de las 31 medidas que prevé desarrollar el Gobierno en los próximos tres años en este ámbito.
Dentro del segundo eje, el de «fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos», Bolaños ha incluido una «reforma integral del Código Penal» para tratar «los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos».
Según ha indicado, el objetivo es adecuar el Código Penal español «al Derecho de la UE» y ajustarlo en lo relativo a estos delitos «a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
En este mismo apartado, Bolaños también ha incluido la previsión de reformar la Ley Orgánica de Derecho al Honor de 1982 y la Ley Orgánica de Derecho a la Rectificación de 1984, puesto que «el régimen actual que protege el honor de las personas y que garantiza el derecho a una rectificación de las informaciones no veraces que se publiquen» puesto que «ha quedado claramente obsoleto» ya que entonces no se preveía «el ecosistema que tenemos hoy de medios de comunicación y las formas en las que se producen esas difamaciones y esas publicaciones».
Con la reforma de ambas leyes se buscará «garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudomedio de comunicación», ha puntualizado Bolaños. También reformará la ley de Secretos Oficiales.
