El Gobierno, a través de su Delegación en Melilla, insistió ayer en que la vigilancia de las fronteras es “un imperativo legal” que tiene España para impedir la entrada irregular de personas por pasos que no están habilitados para ello. El delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, se refirió de esta forma a la imputación de ocho guardias civiles por su actuación en la valla en un intento de entrada registrado el pasado 15 de octubre. “Hay que poner sensatez”, dijo el delegado en una entrevista concedida a la Cadena Ser, en la que desveló que ha transmitido a la Guardia Civil ya su “absoluto respeto” por la “magnífica, difícil y legal labor de vigilancia y custodia” de las fronteras. El Barkani explicó que este mensaje se lo transmitió al coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, que es uno de los imputados en el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 2 por las supuestas devoluciones en caliente que pudieron producirse en los intentos de entrada del 18 de junio y el 13 de agosto del año pasado, caso que el mes pasado fue ampliado con otra denuncia respecto al salto masivo del 15 de octubre.
El delegado recordó que él mismo ha estado imputado en el Juzgado de Instrucción número 5 por otro caso relacionado con la inmigración irregular, concretamente el de la entrega de 21 inmigrantes que entraron a Melilla el año pasado en dos coches kamikaze, en el que también estaba imputado el comandante Arturo Ortega y que finalmente fue archivado.
Criminalización
El Barkani insistió en la necesidad de poner en marcha iniciativas a distintos niveles para impedir el objetivo de los inmigrantes. También incidió en otra cuestión, y es que “si no se criminaliza a los inmigrantes, tampoco se debe criminalizar a quienes tienen la obligación de proteger nuestras fronteras y dar protección a los españoles y europeos”, habida cuenta que la de Melilla es frontera sur de Europa.
