“Entendemos que las cosas se han hecho un poco a traspiés porque, si han podido emplear a unas 80 personas, podrían haberlo hecho con la totalidad de los mismos si hubieran dado ejecución en el momento pertinente”, dice la consejera de Presidencia y Administración Pública
En rueda de prensa, la consejera de Presidencia, Administración Pública e Igualdad, Marta Fernández de Castro, ha hecho una valoración acerca del encuentro que mantuvo junto con la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y parte de su equipo con el fin de encontrar una solución a los Planes de Empleo de Delegación.
Pese a la actitud “colaborativa” que ha ofrecido el Ejecutivo local para salvar los puestos de trabajo de los Planes de Empleo de Delegación , Fernández de Castro ha afeado la “tardanza” del organismo que dirige Moh para ponerlos en marcha.
“Entendemos que las cosas se ha hecho un poco a traspiés, porque si han podido empelar a cerca de 80 personas trabajando en esos Planes de Empleo podrían haberlo hecho con la totalidad de los mismos siempre y cuando hubieran dado ejecución en el momento pertinente y podrían haber estado trabajando en la actualidad”, ha criticado.
11 millones de euros “en el aire”
La titular de Presidencia ha subrayado el ofrecimiento del Gobierno local de “adelantarle” a la Delegación del Gobierno la cuantía económica necesaria en concepto de diferencias retributivas para poner en marcha los Planes de Empleo de Delegación y, de esta manera, emplear a 900 personas.
También ha hecho mención que Delegación está realizando diferentes consultas para modificar o retomar el expediente de la subvención de los Planes de Empleo de dicho organismo, dotado con 11 millones de euros. 11 millones de euros “que pueden emplear a más de 1.000 personas y que están en el aire”, advirtiendo de que “si no se ejecutan, probablemente se pierdan”. Algo que desmintió la Delegación del Gobierno, argumentando que en caso de que no se ejecuten los Planes de Empleo, ese dinero iría a parar al Tesoro Público.
No obstante, De Castro entiende que esos 11 millones de euros “se tienen que quedar en Melilla para emplear a gente que así lo necesita”.
