El Gobierno de Melilla denunció ayer públicamente las presuntas filtraciones que se están registrando en las redes sociales sobre la investigación de la Operación Ópera, aun cuando este caso está bajo secreto de sumario. El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, se preguntó en rueda de prensa cómo es posible que un determinado perfil, oculto bajo pseudónimo en una red social, pueda conocer de antemano cada una de las actuaciones judiciales que se van a llevar a cabo en la ciudad y que éstas salgan publicadas en dichos foros. Marín quiso saber quién puede estar coordinando esas publicaciones en redes sociales que “constantemente salen a la luz pública”, e insistió en que “no es un tema menor” porque la jueza María José Alcázar declaró el secreto de las diligencias, como así viene especificado en el auto. Para el vicepresidente, esto es “muy grave” y por eso mostró su esperanza y deseo de que a quien corresponda que tome las medidas oportunas.
“Medidas desmesuradas”
Asimismo, Marín consideró “totalmente desmesuradas y desproporcionadas” las medidas judiciales adoptadas durante los registros de la Guardia Civil el miércoles en varias dependencias municipales, que provocaron un grave perjuicio a los ciudadanos y a la Ciudad Autónoma que está siendo cuantificado.
En rueda de prensa, Marín informó de que las diferentes consejerías están elaborando un informe para que el Juzgado de Instrucción número 4 tenga conocimiento “de primera mano” de “los perjuicios y el quebranto” que ha provocado por sus diligencias.
Enumeró algunas de las “graves consecuencias”, entre las que se encuentran el retraso en el cobro de las nóminas de los empleados públicos, la paralización de las bolsas de trabajo para los contratos interinos y la imposibilidad de controlar la salida de mercancías en Aforos, así como la suspensión del cobro de los recibos tributarios.
De igual modo, las oficinas de información y atención al ciudadano quedaron paralizadas sin poder prestar servicios urgentes y necesarios, como la expedición de certificados de empadronamiento para que los residentes en Melilla pudieran acreditar su derecho a la bonificación del 50% a la hora de viajar.
Una de las áreas más afectadas fue la Consejería de Bienestar Social, donde se expiden ayudas de emergencia como la de leche maternizada y comedor social, así como otros servicios que no pudieron realizarse con motivo de los registros de la Guardia Civil y la intervención de los servidores informáticos de la Ciudad Autónoma.
También se tuvo que suspender la concesión de becas, los trámites para la expedición de los bonos de viaje para colectivos especiales y otros servicios “muy concretos” que la Ciudad Autónoma ofrece a las víctimas de violencia de género a través de la Viceconsejería de la Mujer.
Marín lamentó que muchos melillenses se vieron afectados por los registros desde primera hora de la mañana, produciendo “un quebranto y un perjuicio económico para los ciudadanos y la propia Administración”, de ahí que haya decidido hacer un informe recopilatorio que presentará ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla.
El número dos del Gobierno melillense dijo que con esta actuación, quiere hacer ver a la autoridad judicial “las graves consecuencias de esa intervención”, que se podía haber realizado “de otra manera” para no perjudicar a los ciudadanos, como por ejemplo, ayer viernes a las dos de la tarde, lo que “no hubiera provocado ningún daño”. Según señaló, los funcionarios habrían estado en sus puestos y se le podría haber dado la información requerida a los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) que efectuaron los registros.
