El Gobierno de Melilla advirtió ayer de su intención de no asistir a las reuniones de la Comisión de Control de Licitaciones, creada en esta legislatura y presidida por un diputado de Coalición por Melilla (CPM), si este partido sigue “judicializando la vida política” de la Ciudad Autónoma. “Nuestra voluntad de participar en esa comisión será directamente proporcional al interés de CPM de judicializar la vida política”, afirmó en rueda de prensa el vicepresidente primero del Ejecutivo melillense, Daniel Conesa, que fue muy claro y rotundo al señalar que su partido no está dispuesto a “seguir el juego a CPM en esta historia”. Conesa dijo a CPM que si tiene algo que denunciar, que “vaya y haga lo que quiera, pero que después no exija al Gobierno que tenga una voluntad más allá de lo que establece el Reglamento de la Asamblea” a la hora de analizar cuestiones, como es el cumplimiento de contratos, que es el objetivo de la Comisión de Control.
Recordó a los cepemistas que si este órgano se creó al inicio de esta legislatura fue porque así quisieron los dos partidos que sustentan el Gobierno, PP y Populares en Libertad (PPL), tras la firma de su acuerdo de gobernabilidad, al igual que la decisión de otorgar la presidencia de la comisión a un miembro de CPM.
Pero advirtió “por primera vez” a CPM de que no piensan “colaborar” si el objetivo de la Comisión de Control va a derivar en una judicialización de los temas que allí se estudien, y para que los cepemistas usen la información y debates de ese órgano para ir a los tribunales en vez de mantener un análisis desde el punto de vista administrativo.
“Seríamos un poco tontos si colaboráramos en eso”, admitió Conesa, que instó a ver más adelante “qué consecuencia tiene esta actitud de CPM”. No obstante, recordó que si no asiste a la Comisión de Control ninguno de los seis diputados que PP y Grupo Mixto tienen en este órgano, no hay quórum para que se pueda reunir.
Conesa lanzó este aviso a CPM tras admitir que al Gobierno no le gusta “nada” e incluso le preocupa la “deriva radical” que la formación cepemista plantea en muchas cuestiones, con “amenazas constantes de denunciar”, la última de ellas como consecuencia de la Comisión de Bienestar Social celebrada de forma urgente el 10 de marzo.
Ausencia de CPM al 100%
Ninguno de los diputados de CPM pudo asistir a aquella comisión porque se habían desplazado a Ceuta para firmar un acuerdo político con Caballas, algo que para el Gobierno es irresponsable porque un grupo político “serio” no puede ausentarse al 100% de la ciudad sin tener en cuenta que puede haber una contingencia.
Ese fue el caso de la Comisión de Bienestar Social de aquel día, sobre la que Conesa reconoció que no fue “la mejor manera de hacer una convocatoria” debido a la poca antelación, si bien insistió en que la emergencia estaba justificada para prorrogar un contrato de gestión que finalizaba ese día sin que se hubiera podido hacer antes por “un error administrativo”.
También hizo hincapié en que desde Bienestar Social se llamó a los diputados de todos los grupos y se les facilitó la documentación sobre este asunto, que al ser una prórroga “no era nada nuevo”, de manera que la comisión carecía de contenido político y se centraba en un “acto administrativo”.
