El presidente melillense, Juan José Imbroda, subraya que los presuntos delitos que se les imputan a los principales miembros de CPM son «muy graves»
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla estará pendiente de los avances que se produzcan en el seno de la operación ‘Santiago-Rusadir’ para comprobar en qué grado se ha visto afectada la ciudad por dicha trama, estudiando incluso personarse en dicha causa «para defender los intereses de los melillenses».
En rueda de prensa, el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, asegura que lamenta que haya personas encarceladas por esta trama por cómo puede afectar esta situación a sus entornos más cercanos. No obstante, señala que «hay que respetar al máximo» los autos judiciales del caso.
«La justicia está para que sea respetada y, luego, habrá que ver, con todas las salvaguardas que tiene, cómo queda», afirma, subrayando que los presuntos delitos que se les imputan al núcleo duro de Coalición por Melilla (CPM), a saber Mustafa Aberchán, Mohamed Ahmed, Dunia Almansouri, Rachid Bussian y Hassan Mohatar, son de «un carácter muy grave».
«No estamos hablando de un delito electoral, no nos vayamos a confundir que nos creamos que, por comprar cuatro o mil votos, están algunos señores desgraciadamente en la cárcel por unos delitos como (pertenencia a) banda criminal organizada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, etc. Presuntos delitos muy penados en nuestro Código (Penal)«, asevera.
A preguntas de los periodistas, Imbroda niega que la detención de algunos funcionarios en el marco de dicha operación haya afectado al funcionamiento de la Ciudad Autónoma. «No tenemos ningún director general ahora mismo que esté imputado», afirma, señalando que, fundamentalmente, han sido detenidos empresarios y políticos.
Asimismo, ha rechazado «algunos argumentos que se basan en conjeturas que no vienen al caso» y que, a su juicio, el único fin que tienen es «emponzoñar el ambiente», en clara referencia a los argumentos que han lanzado desde la formación localista para rechazar la prisión provisional comunicada y sin fianza para los miembros de CPM encarcelados, señalando que los autos de prisión «puede sentar precedentes para el 60% de la población melillense que es de origen rifeño o imazigen.
«Con argumentos jurídicos y con el derecho en la mano hay que acusar y defender, y yo me quedo con esto», sentencia.
