La Consejería de Economía y Hacienda ha elaborado un informe de unos 15 folios con sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas (TCu) sobre el contrato que la Ciudad Autónoma adjudicó a la empresa Getyr de colaboración en la recaudación voluntaria de tributos. El consejero de Economía, Daniel Conesa, dijo ayer en rueda de prensa que el Gobierno local tiene “una discrepancia muy profunda” con el TCu en este asunto, que fue incluido en el informe de fiscalización de las cuentas de la Ciudad Autónoma de los años 2010 y 2011. Este informe, que fue presentado por el presidente del TCu hace casi dos semanas, incluye una recomendación acerca del contrato de la Ciudad Autónoma con la empresa que se encarga de recaudar los tributos. Según el TCu, el Gobierno melillense ha abonado “indebidamente” 855.000 euros a esta empresa en concepto de colaboración en la recaudación voluntaria de autoliquidaciones “sin que en el contrato constara ningún tipo de retribución por este concepto”.
“Aquí no se ha pagado indebidamente nada”. De esta manera tajante respondió Conesa para resumir los 15 folios de alegaciones con los que la Ciudad Autónoma da respuesta a las “10 o 15 líneas” con las que el TCu hace alusión a este tema en su informe de fiscalización. “Es un comentario del Tribunal de Cuentas con el que discrepamos y está fundamentado en nuestro informe. Si el procedimiento adquiere otras dimensiones acudiremos con informes y medios que tenemos a nuestro alcance para demostrar que el TCu no tiene razón”, agregó Conesa.
En este sentido, volvió a recordar que a lo largo de los últimos años, el TCu ha llevado a la Sección de Enjuiciamiento e incluso a justicia ordinaria “muchos asuntos” que al final quedaron archivados y sin responsabilidad contable ni penal alguna, aunque para conseguirlo la Ciudad Autónoma tiene que “recorrer un camino” que pasa por presentar alegaciones para rebatir la postura de ese órgano fiscalizador.
A su juicio, el hecho de las autoliquidaciones al que se refiere el TCu “se ha quedado en una discusión meramente terminológica” respecto a la liquidación o la autoliquidación, ya que el segundo es el correcto a la hora de hablar del IPSI en su modalidad de operaciones interiores, es decir, el que se refiere a los profesionales o los productores. “En nuestra ordenanza que regula el IPSI dice que los sujetos pasivos deberán declarar las operaciones sujetas al impuesto en régimen de autoliquidación, aunque la gestión la hace la Ciudad Autónoma a través de la empresa colaboradora”, aclaró Conesa ante los periodistas.
En este sentido, Conesa reconoció que “podría haberse hecho quizá otro tipo de redacción que no diera lugar a malentendidos, confusiones u otras interpretaciones”.
Por todo ello, pidió a la oposición que “no corra tanto” y espere a que el procedimiento vaya “por sus cauces habituales”.
