Apenas unas horas después de que se levantara de manera parcial el secreto de sumario en la Operación Ópera, el Gobierno local hizo su primera valoración para mostrar su confianza una vez más en que toda esta investigación “va a quedar en nada”, pero también para expresar su rechazo a las formas con las que se han llevado a cabo las actuaciones de este caso a lo largo del último año. El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, fue el encargado ayer de dar a conocer la reacción del Ejecutivo, que considera que lo que se ha hecho en torno a la Operación Ópera ha sido “un auténtico atropello” tanto para la Administración pública local, como para el Gobierno y “toda la ciudad de Melilla”. Marín sostuvo la versión que ya ofreció el Ejecutivo tras los últimos registros de la Operación Ópera el 26 de febrero, cuando más de medio centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron desde Madrid para 'tomar' las dependencias de varias consejerías y las sedes de algunas empresas que trabajan para la Ciudad Autónoma.
Tras aquellas actuaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla, que incluyeron la intervención de los servidores informáticos de la Administración local, el Gobierno melillense mostró su desacuerdo al considerar que habían sido “exageradas, desmesuradas y desproporcionadas”. Calificativos que Miguel Marín volvió a repetir ayer, pero a los que añadió uno más al asegurar que habían sido “actuaciones totalmente injustificadas”.
Según dijo Marín, tras leer los tomos de la Operación Ópera sobre los que se ha levantado el secreto de sumario se puede observar que “no hay ninguna base ni fundamento jurídico que apoye la actuación” que el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla hizo el pasado mes de febrero, ni tampoco las imputaciones y detenciones que se han llevado a cabo en este caso, cuyo origen se remonta a 2009 aunque fuera destapado hace ahora justo un año.
El número dos del Ejecutivo local repitió ayer varias veces en su comparecencia de prensa que “no hay absolutamente nada ilegal desde el punto de vista penal en esta causa”. “Esto va a quedar en nada”, aseveró Marín tras dejar claro que “esto todavía no ha terminado” y que el Gobierno melillense confía “plenamente en la Justicia con mayúsculas”, algo que ya dijo en febrero, pero que ahora reitera “con más conocimiento de causa” una vez que el equipo de Imbroda ha tenido la oportunidad de leer la parte del sumario de la Operación Ópera que se ha hecho pública.
Además, recordó que uno de los argumentos de este procedimiento judicial era el caso del Tribunal de Cuentas, en el que fueron imputadas una treintena de miembros de la Ciudad Autónoma, y que hace poco fue “totalmente sobreseído por la Justicia”. “El soporte que justificaba esa actuación ha desaparecido porque la Justicia ha dicho que no hay absolutamente nada”, afirmó Marín para incidir en su opinión de que la Operación Ópera quedará “en nada”.
Por todo ello, Miguel Marín pidió que la parte que aún está bajo secreto siga los mismos pasos, ya que de no ser así continuará la “indefensión” para la Ciudad Autónoma y, sobre todo, para los imputados. El Ejecutivo melillense basó esta solicitud al considerar que eso contribuirá a una “mayor claridad” de todo este asunto y así todo el mundo pueda conocer que “aquí no ha habido nada punible desde el punto de vista del Derecho Penal”.
“Mucho daño”
En su rueda de prensa, el vicepresidente melillense fue contundente al asegurar que las formas en las que se ha llevado a cabo este procedimiento judicial han provocado “mucho daño”, tanto a las personas que fueron imputadas e incluso detenidas en octubre del año pasado, como a la propia institución de la Ciudad Autónoma y a Melilla en general.
Porque además del perjuicio para la imagen de Melilla, que “abrió informativos a nivel nacional” por los registros, Marín también mencionó la “entrada en tropel” a las dependencias municipales para “llevarse todos los expedientes de todas las consejerías por si encuentran algo”, habida cuenta que en el sumario “se ve que no hay absolutamente nada” ni tampoco hay “fundamentos jurídicos que soporten las imputaciones ni las detenciones”.
“Esto es una causa general, y las causas generales en un Estado de Derecho están prohibidas”, dejó claro Marín antes de apuntar que eso es más propio de países como Venezuela o Cuba, pero no de España, que es “un país en el que está impregnado el Estado de Derecho y afortunadamente de manera muy consolidada”.
A juicio de número dos del Ejecutivo local, este tema es “muy grave” porque los registros del pasado mes de febrero incluyeron la intervención de los servidores informáticos de la Ciudad Autónoma, en los que “no han tenido la más mínima delicadeza ni rubor en llevarse todos los datos personales de todos los melillenses”. Esto significa que el Juzgado de Instrucción número 4 y la Guardia Civil obtuvieron a raíz de aquella actuación información como las cuentas corrientes de todos los ciudadanos empadronados en Melilla, además de otros datos como sus propiedades, información tributaria y expedientes tan íntimos como, por ejemplo, las adopciones o las ayudas sociales. Para Marín, esto es “una aberración en un Estado de Derecho”.
Explicaciones
Marín, que no citó expresamente en su rueda de prensa ni a la Guardia Civil ni a los jueces que se han hecho cargo de este caso en el Juzgado de Instrucción número 4, sí hizo alusión a éstos al apuntar que “las personas que han escrito” el contenido del sumario “tendrán que explicarlo y por qué lo han escrito sin tener ninguna prueba ni ninguna base ni fundamento jurídico” que lo sostenga.
Al hilo, criticó que en una parte del sumario, se hiciera alusión al procedimiento administrativo que se siguió para adjudicar la limpieza de las playas en Santoña (Cantabria) para alegar que en Melilla se había hecho mal. Esto, que consideró “un disparate jurídico”, también se une a otro caso que aparece en el sumario y que mencionó Marín respecto a que se dio por sentado que las plazas de secretario e interventor de la Ciudad Autónoma estaban vacantes porque en la prensa se había informado de que la Administración iba a sacar estas plazas a oposición.
Marín dijo que era mentira que existiera tráfico de divisas como se afirmaba en el sumario de la Operación Ópera, y también dejó claro que en este procedimiento judicial hay “muchas elucubraciones y pocos hechos concretos”, algo que rechazó porque “un proceso de estas características debe ser algo más serio”.
Respecto a la posibilidad de que los imputados en esta causa puedan emprender acciones legales, dijo no tener conocimiento de ello y que en ese caso tendrían que ser las partes las que lo hagan.
