El Gobierno de Melilla confía en que la exconsejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, será absuelta del presunto delito de prevaricación que se le imputa por la contratación de abogados externos en la Ciudad Autónoma, ya que considera que no existe ninguna actuación que constituya un ilícito penal.
A preguntas de los periodistas, el portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, mostró ayer de esta forma el respaldo del Gobierno local a su exconsejera, que esta legislatura es diputada del PP en la Asamblea de Melilla y asesora de este grupo parlamentario, ya que debido al pacto de gobernabilidad entre PP y Populares en Libertad (PPL) no pudo entrar en el Gobierno melillense.
“No le vamos a exigir nada”, dijo Conesa, que argumentó la confianza del Ejecutivo en la absolución al afirmar que se trata de “una cuestión meramente administrativa” que se inició “mucho antes de que llegara a su puesto como consejera” en 2003.
“A esto yo lo llamaría una prevaricación hereditaria, porque aquí parece que se han puesto de acuerdo los secretarios técnicos que han ido pasando por la consejería y los directores generales para cometer una prevaricación”, apuntó Conesa para insistir en su incredulidad al respecto.
Sí admitió que “a lo mejor está mal hecho” el procedimiento administrativo por el que la exconsejera ha sido imputada por un presunto delito de prevaricación, pero ha considerado que hay “un salto cualitativo” entre ese posible error y la comisión de dicho delito, de ahí que insistiera en que “no puede terminar más que con la absolución”.
Conesa consideró “curioso” que los responsables de la consejería en la etapa anterior a la llegada de Garbín no hayan sido “tenidos en cuenta” en este procedimiento judicial, e insistió en su idea de que hay que aportar pruebas para demostrar la posible existencia de delitos al presentar una denuncia.
