El Gobierno de Melilla mostró ayer su apoyo a los ocho guardias civiles que han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad por su actuación en la valla fronteriza el pasado 15 de octubre, cuando trataban de evitar una entrada masiva de inmigrantes, y entregaron a las autoridades marroquíes a un subsahariano que, según diversas ONG, estaba semiinconsciente, supuestamente por los golpes de los agentes con sus defensas. El portavoz de la Ciudad Autónoma, Daniel Conesa, aseveró ayer en rueda de prensa el convencimiento del Ejecutivo local acerca del “cumplimiento del deber” por parte de la Guardia Civil en su defensa de la frontera de Melilla, que es “defender la soberanía española ante intentos de asalto que no pueden justificarse de ninguna manera”. Además, el Gobierno también está convencido de que los ocho guardias civiles imputados “han actuado con absoluto respeto a las leyes”.
Por esta razón, el Consejo de Gobierno, en su reunión de ayer, quiso hacer público este “apoyo absoluto”, como en otras ocasiones anteriores, a todos los guardias civiles que prestan servicio en Melilla, encabezados por el coronel jefe de la Comandancia, Ambrosio Martín Villaseñor, que también está imputado en esta causa abierta por el juez Emilio Lamo de Espinosa.
Conesa dejó claro que los integrantes de la Benemérita “trabajan de manera intensa para proteger nuestras fronteras de actuaciones que no pueden ser permitidas por la Ley”.
Caso Salander
Al hilo de su reflexión, Conesa expresó el deseo del Gobierno local de que determinados procesos judiciales tengan “una mayor celeridad” por parte de la Justicia, como por ejemplo, el caso Salander, en el que hubo cinco personas detenidas, todas ellas vinculadas a Populares en Libertad (PPL), “el partido de Cabanillas, Ignacio Velázquez y Liarte”.
Conesa mostró el deseo del Gobierno local por saber “qué hay” en el sumario, que aún permanece bajo secreto, ya que recordó que muchos de sus miembros y otros integrantes del PP han sufrido durante varios años “multitud de insultos y calumnias” que han llegado a afectar a sus familias, incluidos menores de edad. Además, recordó que bajo el perfil falso de Lisbeth Salander en las redes sociales también se ha producido revelación de secretos sumariales, algo que destacó especialmente.
Los afectados por la acción de Lisbeth Salander en las redes se personarán contra los responsables cuando se conozca quiénes son, por eso Conesa rogó “más celeridad” porque con las demoras “se pierde la dimensión de lo que debe ser la Justicia”.
