La Abogacía del Estado, en representación de España, está estudiando recurrir ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo la sentencia hecha pública este martes, donde se condena a España a pagar 10.000 euros a dos migrantes que fueron devueltos a Marruecos tras penetrar en España a través de la valla de Melilla. Así lo han explicado fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press, tras conocerse el fallo del Alto Tribunal europeo que considera que, en los hechos denunciados, se ha producido una expulsión colectiva y se ha impedido el acceso a un recurso, algo que viola la Convención Europea de los Derechos Humanos.
La sentencia, cuyo fallo es unánime –aunque recoge un voto particular del juez ruso Dmitry Dedov–, se refiere al retorno inmediato de dos inmigrantes, N.D. y N.T., de Malí y Costa de Marfil, registrado el 13 de agosto de 2014, que habían intentado entrar en territorio español a través de la valla de Melilla. Según el auto, ambos inmigrantes fueron expulsados y enviados de vuelta a Marruecos en contra de sus deseos sin que mediara intervención administrativa o judicial previa.
En este sentido, señala que “en ningún momento” fueron sometidos a procedimiento de identificación por parte de las autoridades y llega a la conclusión de que las medidas adoptadas corresponden a una actuación de naturaleza colectiva. Además, añade que la versión de las demandantes sobre su intento de escalar la valla hacia Melilla fue corroborada por numerosas declaraciones de testigos y periodistas, recogidas por los comisionados de la ONU para Refugiados y Derechos Humanos.
Por último, el Tribunal de Estrasburgo detecta un “vínculo claro” entre la “expulsión colectiva” en la frontera de Melilla y la falta de acceso a un recurso que les hubiese permitido presentar su queja ante una autoridad competente y obtener un minucioso y riguroso examen de sus solicitudes antes de ser devueltos.
