Melilla, con una gran cantidad de empleados públicos, se puede ver fuertemente afectada.
El gobierno conducía, con la oferta hecha a primeros de octubre, a un fracaso seguro la negociación por Muface. Función Pública pretendía elevar las primas solo un 17,12 %.
Las aseguradoras pidieron un 40%, pero incluso hubieran aceptado alrededor del 24%.
La Secretaría de Estado de Función Pública de España, conocida en sus primeros años como Secretaría de Estado para la Administración Pública, es el órgano superior del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y es la encargada de la negociación por Muface con las aseguradoras privadas. Depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y tiene una secretaria de Estado: Clara Mapelli Marchena.
Depende Función Pública, en última instancia, del ministro Óscar López (nombrado en septiembre). Viendo su currículum (nunca ha trabajado en una empresa privada y lleva desde 2004 viviendo por y para la política, con múltiples puestos afines al PSOE: Senador, Diputado, Portavoz, director de Gabinete, presidente de Paradores, etc..), no se podía esperar una resolución exitosa del problema de la sanidad “privada” de los funcionarios.
La oferta por Muface se ha quedado corta y las aseguradoras privadas han decidido dejar desierto el concierto de Muface para los años 2025 y 2026.
El Consejo de ministros aprobó, a primeros de octubre, la licitación del concierto de Muface para los años 2025-2026 con una subida en la prima del 17,12 %, por encima del 14% que habían ofrecido en un primer momento a las aseguradoras. Las empresas ya habían avisado de que la oferta del 14% era muy baja y que solo llegando al 24% podían empezar a llegar a un acuerdo.
La cuantía total que ofrecía el gobierno ascendía a 1.337 millones en 2025 y a 1.344 millones en 2026, lo que suponía un incremento bianual de casi 304 millones de euros en comparación con el concierto que vence a finales de 2024. El concierto ofrecía un alza de prima del 17,12 % que se distribuía en un 16,5% en 2025 y un 0,62% adicional para 2026.
El Gobierno indicó (siempre vende a bombo y platillo que ofrece mucho más que antes, pero sus interlocutores no suelen comprarles el discurso), en octubre, que en los últimos 25 años el aumento anual de la prima ha sido, de media, de un 4,4%. Tras la subida propuesta (rechazada por las aseguradoras), la prima media por mutualista al año habría pasado de 1.032,12 euros a 1.208,81 euros en 2026, lo que habría supuesto un aumento de la prima por asegurado de 176,69 euros. El cálculo de la prima tiene en cuenta dos conceptos: Por un lado, cubre los nuevos servicios sanitarios incluidos en la cartera del Sistema Nacional de Salud (relativos a salud bucodental, incremento del gasto en farmacia hospitalaria, medicamentos innovadores y terapias avanzadas, nuevas vacunas en el calendario, y el aumento del coste en cronicidad) y, por otro, tiene en cuenta el incremento en la cuantía de los honorarios médicos.
Las aseguradoras privadas plantan a Muface y el concurso de cobertura médica de los funcionarios queda desierto
La decisión de las aseguradoras privadas de dejar desierto el concierto de Muface para los años 2025 y 2026 ha puesto al Ministerio de Función Pública ante una situación inédita. El ministerio dirigido por Óscar López se plantea un “proceso de reflexión” sobre un modelo que permita a los funcionarios optar entre recibir asistencia sanitaria a través de compañías privadas o en el sistema público, bien cuando consiguen la plaza o cada mes de enero.
El ministerio estudia que los empleados públicos, ahora cubiertos por el mutualismo, puedan elegir “estar en el régimen común o en el especial” y que está decisión se tome “de una vez y para siempre”. Este cambio en el modelo supondría que los funcionarios no puedan dar el salto de uno a otro sistema y haría, según Función Pública, “más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema y su sostenibilidad”.
Las aseguradoras privadas, principalmente Adeslas, Asisa y DKV, que venían prestando el servicio, renunciaron a concurrir al concierto que el gobierno aprobó a principios de octubre. Las compañías consideran insuficiente la subida propuesta por el gobierno (incremento del 17,12 %) para garantizar la calidad de la prestación sin concurrir en pérdidas. Desde el lobby de la sanidad privada ya se venía trasladando que incluso un aumento del 25% pondría en “riesgo” el mantenimiento del modelo.
Cada vez más funcionarios rechazan el seguro privado de Muface: “Siendo trabajadora pública, es lo coherente”
Según fuentes del ministerio, cada vez más funcionarios eligen la sanidad pública frente a los seguros privados. Estos últimos siguen acaparando las prestaciones de la mayor parte del funcionariado, el 70%, pero la tendencia es ahora otra. Desde el año 2013, los trabajadores públicos que optan por la Seguridad Social han pasado del 18 al 30%. Esta tasa la impulsan, principalmente, las nuevas incorporaciones.
No todos los funcionarios tienen la opción de acogerse a Muface, ya que los de Justicia y las Fuerzas Armadas tienen su propio modelo.
Desde el Ejecutivo señalan que una cosa es la reflexión sobre el modelo y otra la nueva licitación en la que trabaja Función Pública de cara a los próximos dos años. Dice estar trabajando en otros pliegos que contenten a las aseguradoras. “Los beneficiarios de Muface tienen la asistencia sanitaria asegurada hasta el 31 de enero, así que hay plazo suficiente para poner en marcha la segunda licitación; en todo caso, hay mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público que garantizan la asistencia en las mismas condiciones hasta que el concierto vencido sea remplazado por otro”, apuntan.
El gobierno “valora prorrogar el contrato”. Un escenario que no es el preferido por ninguna de las partes, pero que daría margen al Ministerio para preparar un nuevo concierto en el que, desde el sector privado señalaban que el presupuesto es “fundamental” pero en el que pueden influir también otros condicionantes que ayuden a “corregir los desequilibrios del sistema”, como las coberturas o la elevada edad media de los mutualistas.
Muchos ciudadanos no entienden que los funcionarios tengan un seguro privado pagado por todos
El problema con Muface ha puesto sobre la mesa una serie de cuestiones: ¿Por qué los funcionarios tienen un seguro privado (que cuesta mucho dinero a todos los españoles) gratuito y el resto de españoles no? Si nuestro actual gobierno defiende la prevalencia de lo público sobre lo privado, ¿no es una contradicción que los funcionarios públicos tengan una sanidad privada pagada por el sector público?¿Por qué cuesta tanto (una prima media, para 2026, de 1.208 €) la prima de los funcionarios respecto a la prima media de un trabajador del sector privado que se hace un seguro de salud (el precio medio mensual puede variar, según la zona geográfica, entre los 53 € mensuales, en Castilla y León, y los 94 € mensuales, en Madrid)? ¿Es conveniente “forzar” a las aseguradoras a seguir dando el servicio en pérdidas, con una prórroga del contrato?
Ceuta y Melilla están en el medio de la tabla en cuanto a la media mensual del precio de los seguros privados de salud, con un precio medio mensual de 68 €.
