El Gobierno de Melilla defiende el proceso de regularización que va a llevar a cabo con las viviendas construidas ilegalmente en la ciudad, “no solo en los distritos IV y V”, con el fin de “reparar una discriminación urbanística de los últimos 20 años”. El consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian, opinó que el anterior Gobierno, en manos del PP, “ha sido cobarde por no afrontar algo así”, en alusión a la regularización de viviendas, muchas de ellas construidas sobre suelo que es titularidad de la Ciudad Autónoma. Para Bussian, si Melilla se encuentra inmersa en una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la regularización de las viviendas ilegales “es algo que sí o sí hay que abordar”, para lo que se van a llevar a cabo “determinadas medidas flexibles” para que sus propietarios puedan adquirir el suelo sobre el que se asientan.
De ese modo, “se palia una discriminación puramente urbanística” y “la formación de algunos guetos”, por lo que el consejero opina que “no se puede dividir Melilla en dos, sino que todo el mundo pueda cumplir con derechos y obligaciones”, dado que “esto no será cuestión de una barra libre”.
“No hay que vivir de espaldas a la realidad, son miles de viviendas” las que se verán afectadas por este proceso, aseveró Bussian.
Nuevos contribuyentes
Por ello, el consejero de Infraestructuras dijo que “no se puede entender” que haya quienes critiquen la regularización de las viviendas, pues se trata de un proceso “importante para el interés general”, habida cuenta que la Ciudad Autónoma tendrá “nuevos contribuyentes” entre sus propietarios, que empezarían a pagar el IBI y otros impuestos directos e indirectos, y los descendientes podrían heredar las viviendas.
Además, Bussian avanzó que aquellas viviendas que imposibilitan el acceso de vehículos de emergencia serán expropiadas para su derribo, aunque “en el mismo acto se les facilitará una solución habitacional” mediante la concesión de viviendas sociales que se construyan en parcelas cercanas.
