La Semana. MH, 02/09/2024
Por: J.B.
La mayoría de los niños pequeños son egoístas (puede haber algunas excepciones, pero yo he conocido muy pocas) y creen que sus padres están a su servicio y/o que existen para satisfacer sus necesidades y solucionar sus problemas. Con el paso de los años los niños pequeños pasan a ser niños más mayores, luego adolescentes y finalmente adultos. En algún momento del paso de niño a adulto empiezan a pensar que pueden hacer lo que quieran sin dar explicaciones (se sienten ya independientes). Lo lógico, en ese punto de exigencia de independencia es que el individuo en cuestión se mantenga con su trabajo y medios y viva en su propia casa (comprada, escritura mediante, o alquilada); pero hay muchos (se les pueden aplicar varios adjetivos, en función de cada caso, como: consentidos, malcriados, egoístas, mimados, etc.) que quieren ser independientes light (hacer lo que les dé la gana): viviendo con sus padres, recibiendo dinero de estos, etc., y pensando que es obligación de estos hacerlo todo a cambio de nada (en algunos casos extremos los padres no reciben ni el más mínimo agradecimiento).
Cataluña está siendo malcriada
¿No es un niño consentido aquel que no quiere saber nada de sus padres, pero les pide dinero para salir o para comprarse un coche?
Todos sabemos que el actual gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña (nada de país, ni nación), regido ahora por Salvador Illa (PSOE/PSC), quiere que Cataluña sea independiente de España (nada ha cambiado con el cambio de Pere Aragonés por Salvador Illa, ya que Illa es un independentista camuflado bajo las siglas del PSC) y tener independencia económica y fiscal, policial (ya la consiguieron), legislativa, etc.
En este contexto, sorprende que el gobierno catalán quiera recurrir al gobierno nacional (el que debería ser de todos los españoles) para la financiación de una nueva desalinizadora en Cataluña contra la sequía.
La Generalitat planea construir una planta en Girona para reducir la dependencia de las lluvias y se marca el objetivo de «garantizar la seguridad hídrica y dejar de depender de la pluviometría». Por ello, el Ejecutivo presidido por Salvador Illa presentó el pasado martes una «nueva estrategia de la gestión del agua» para prevenir futuros episodios severos de escasez como los de los últimos cuatro años.
Financiaros vosotros (los catalanes), que no queréis saber nada del resto de España, vuestras obras
La portavoz y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, anunció, dentro de un paquete de medidas, la construcción de una nueva desalinizadora en Girona, en el norte de la Costa Brava, una de las zonas más afectadas por la crisis hídrica en Cataluña.
Aunque sin previsión de fechas todavía, esta planta tendría una capacidad para tratar unos 15 hectómetros cúbicos anuales de agua y costaría alrededor de 200 millones de euros. Según explicó Paneque, el Ejecutivo del PSC tiene previsto trasladar esta inversión al Gobierno de Pedro Sánchez a fin de que se pueda incluir en la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para ser financiada.
¿No quieren independencia económica? ¿No sería lógico que el resto de españoles pensáramos que somos tontos, que se consiente y se malcría a un territorio que sólo nos quiere para que les ayudemos a desarrollarse, pero que no quiere ser parte de nuestro país?
Lo lógico sería decirles: financiaros vosotros, que no queréis saber nada del resto de España, vuestras obras.
Nueva prohibición de la ministra “aplausitos” Díaz. El gobierno modifica el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha procedido a la reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. La modificación de la norma se ha hecho a requerimiento de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezados por Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy, respectivamente. Este cambio va a permitir “eliminar como causa automática de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora”.
Se va a proceder a la “eliminación de la extinción automática del contrato en los casos en que la persona trabajadora accede a la situación de Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez”. Lo cual, dicen desde el ministerio dirigido por Díaz, “permite proteger más eficazmente el empleo de las personas con discapacidad”.
La obsesión de “aplausitos” Díaz por ponérselo cada vez más complicado a las empresas no tiene fin
Esto es lo van a hacer:
Las empresas ya no van a poder proceder al despido automático de un trabajador, cuando al mismo le sobrevenía una situación de incapacidad permanente.
Dicen que quieren priorizar la adaptación del empleo (atendiendo a las nuevas condiciones físicas y funcionales, que presenta el trabajador) frente al despido
En caso de no ser posible, la empresa estará obligada a que el empleado desempeñe otras funciones laborales dentro de la misma. Todo ello, con el fin de que mantenga su puesto de trabajo.
La nueva reforma obliga a las empresas a que implementen los ajustes apropiados que estimen convenientes y que estén dirigidos a asegurar la continuidad del trabajador en su puesto de trabajo. En el caso de que dichas adaptaciones supusieran un coste excesivo para la empresa, esta podría beneficiarse de las correspondientes subvenciones o ayudas públicas, destinadas a sufragar de manera total o parcial el gasto.
La obsesión de “aplausitos” Díaz por ponérselo cada vez más complicado a las empresas no tiene fin. Como no es muy lista (aunque ella crea que sí) no se da cuenta que la consecuencia de todas sus trabas y zancadillas a las empresas será el aumento del paro y la nula futura contratación.
Esta nueva medida es una gota malaya más que desaconseja toda contratación a las empresas (sobre todo a las pequeñes y medianas que son más del 90 % del total) y que perjudica en última instancia a los trabajadores presentes y futuros
Si antes ya era una locura contratar a alguien en el sector privado (bajas falsas no controladas, costes de despidos que hunden a las empresas, control de horarios, bajada del número de horas semanales, etc.), esta nueva medida es una gota malaya más que desaconseja toda contratación a las empresas (sobre todo a las pequeñes y medianas que son más del 90 % del total) y que perjudica en última instancia a los trabajadores presentes y futuros.
Nuestra risueña ministra quiere que todo sea público para poder controlarnos, quiere que las empresas tengan que pedir subvenciones (que no se sabe cómo, cuándo y por qué importe se recibirían) para pagar para los “ajustes”, quiere que las empresas sigan corriendo con gastos que debían ser del Estado (las incapacidades) para usar ese dinero en estúpidas medidas que hundirán, aún más si cabe, a las empresas y generarán un mayor paro futuro. Aunque ya todos sabemos que para nuestra actual coalición gobernante sólo importa el aquí y el ahora con el objetivo principal de mantenerse en los sillones.
