La Asamblea de Melilla aprobó ayer la modificación de cinco partidas de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de 2017 (PGCAM), que suman 900.930,97 euros. Este cambio se produce apenas tres meses después de que el ejercicio presupuestario entrara en vigor tras su aprobación inicial, algo que ayer afearon los tres partidos de la oposición al Gobierno melillense, al que acusaron de “falta de previsión” por una mala gestión del dinero público. El Ejecutivo negó las críticas y dejó claro que las modificaciones, que afectan a cuatro áreas diferentes de la Ciudad Autónoma, están “más que justificadas”. Las modificaciones presupuestarias fueron debatidas de manera conjunta, aunque votadas de manera individual, durante un pleno extraordinario de la Asamblea que se prolongó durante cerca de una hora.
De los cinco cambios propuestos por la Comisión de Economía y Hacienda, tres fueron aprobados con la unanimidad de todos los grupos políticos de la Asamblea. Son concretamente uno de 97.909,17 euros y otro de 21.021,80 euros de subvenciones de la Consejería de Bienestar Social, y otro de 57.000 euros de la Dirección General de Sanidad y Consumo.
Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs) apenas entraron al debate de estas tres modificaciones, ya que dijeron comprenderlas por ser Bienestar Social un área que trabaja con muchas personas desfavorecidas, lo que puede dar lugar a imprevistos que requieran más dinero del inicialmente presupuestado.
En cambio, sí hubo mucho debate en las otras dos modificaciones propuestas por el Gobierno, precisamente las de mayor cuantía económica, una de ellas de 625.000 euros para que el Gabinete de Comunicación pueda afrontar el pago de facturas atrasadas desde 2014 por inserciones de publicidad institucional a los medios de comunicación, y otra de 100.000 euros para gastos diversos de la Consejería de Presidencia.
Ambas recibieron el rechazo de los tres grupos de la oposición, que coincidieron en sus críticas hacia el Gobierno melillense, que obtendrá esos 900.930 euros de las cinco partidas modificadas de otras que no está previsto que se gasten este año: la subvención a la COA, de la que la Ciudad Autónoma coge 170.000 de los 500.000 euros reservados, y de las operaciones de tesorería y de intereses de demora en pagos, de las que se obtienen 90.000, 165.000 y 200.000 euros.
Las críticas de la oposición
Los portavoces de los tres grupos de la oposición, Hassan Mohatar (CPM), Gloria Rojas (PSOE), y Eduardo de Castro (Cs), reprocharon al Gobierno local su “falta de previsión” por estas modificaciones presupuestarias, lo que atribuyeron a una mala gestión del dinero público.
También fue una crítica común de CPM, PSOE y Cs que una de las modificaciones presupuestarias fuera para engrosar el capítulo de “gastos diversos” de la Consejería de Presidencia y Salud Pública sin que se especifique con concreción y transparencia a qué se destinará el dinero público.
El portavoz del PP en la Asamblea, Daniel Conesa, rebatió estas críticas al afirmar que estas cinco modificaciones suponen “una ínfima cantidad” respecto a la cuantía global de los PGCAM de 2017, que superan los 265 millones de euros. En el caso de la modificación para “gastos diversos” de la Consejería de Presidencia, Conesa dijo que representa un 1,5%. Por lo tanto, negó que haya una falta de previsión y mala gestión, como habían asegurado desde momentos antes desde las bancadas que tenía frente a él.
Instrumento flexible
La consejera de Hacienda, Esther Donoso, recordó que los PGCAM son “un instrumento flexible” que permiten “mover de manera puntual” las partidas de acuerdo a unas necesidades, como ha ocurrido ahora, al tiempo que negó la “falta de transparencia” que reprochaban al Gobierno desde la oposición.
“Ustedes siempre buscan el oscurantismo por parte del Gobierno”, lamentó Donoso para defender la transparencia “total y absoluta” en la gestión de la Ciudad Autónoma. De hecho, recordó a CPM, PSOE y Cs que tienen a su disposición numerosas vías de acceso a las facturas, los expedientes y los informes que los tres grupos lamentaban no haber podido cotejar antes de la sesión plenaria celebrada ayer.
La consejera señaló que las modificaciones están “más que justificadas”, e incidió especialmente en la de 625.000 euros para el pago a medios de comunicación, que a juicio de Donoso “es la que más duele” a los partidos de la oposición.
Donoso explicó que si no se han pagado hasta ahora las facturas atrasadas de 2014 a los medios de comunicación es porque aquel año se cambió el procedimiento de inserciones publicitarias por “un reparo” de la Intervención, pero ahora el Consejo de Estado ha dictaminado que deben ser abonadas tras la prestación del servicio por esas empresas.
Los gastos de Presidencia
Sobre la modificación de “gastos diversos” para la Consejería de Presidencia, su titular, Paz Velázquez, aclaró al término del Pleno que no se trata de ninguna “imprevisión”, puesto que de los tres cambios que solicitó su departamento, dos se debían a errores materiales a la hora de confeccionar los PGCAM de 2017.
El otro pretendía evitar que se perdieran 50.000 euros de un convenio con la UGR que finalmente no se llevó a cabo por desestimiento de dicha entidad.
