El Gobierno aprobará en su reunión ordinaria del Consejo de Ministro, la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y cuyo principal cambio es que la instrucción pasará de jueces a fiscales, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.
El proyecto, que entraría en vigor en enero del año 2028, también prevé expulsar a partidos políticos de la acusación popular, así como la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró el pasado jueves que la nueva LECrim persigue adaptar el modelo español al europeo, de modo que «los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía».
Se trata, según defendió, de «una reforma también necesaria y más garantista», en la que «un juez de garantías será quien decida, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal».
