La Delegación del Gobierno ha abierto una oficina para que los ciudadanos que hayan sufrido daños en sus casas o enseres causados por el terremoto de ayer puedan solicitar ayudas que palien las consecuencias del siniestro, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo. En declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, informó de que los afectados tendrán un mes de plazo para solicitar estas ayudas, para lo que podrán acudir a la Oficina de Información y Atención al Público sita en el edificio anexo al principal de la Delegación del Gobierno.
Los melillenses podrán acudir a esta oficina para recabar información y recoger los impresos para formalizar y agilizar la solicitud de las posibles ayudas que podrían percibir por los daños en sus enseres o viviendas por causa del terremoto que sacudió la ciudad en la madrugada de anteayer lunes.
En una nota de prensa, la Delegación del Gobierno informó de que el Decreto está pensado precisamente para dar cobertura a los damnificados por siniestros y catástrofes de distinto alcance, y permite presentar las debidas alegaciones ante los organismos correspondientes a fin de poder tramitar las solicitudes de las ayudas a las que tengan derecho.
La Unidad de Protección Civil, adscrita a la Delegación del Gobierno, será la que se encargue de la revisión de las solicitudes y su tramitación ante la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Cómo proceder
El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma y consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, explicó que muchos de los afectados por el terremoto se han dirigido ya al Parque de Bomberos y a la Consejería de Fomento para solicitar un informe técnico tras una evaluación del inmueble.
Ahora, señaló, empieza “un proceso distinto” al de la evaluación de riesgo para comprobar si el edificio puede ser o no habitado, basado en “evaluar económicamente las cosas”.
Para ello, los afectados que tengan seguro deberán acudir a él para que sus peritos evalúen los daños, que “lo razonable es que sean la mayoría de los casos”, mientras que los que no tengan seguro necesitarán un informe de los técnicos municipales, un servicio que Quevedo avanzó que será reforzado si se registran muchas peticiones.
