García Ortiz no ha querido hacer ninguna valoración sobre la investigación que ha encargado a la Fiscalía Anticorrupción sobre la supuesta trama de compra de votos en las elecciones a la Asamblea de Melilla
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado que lo sucedido con el voto por correo en las elecciones municipales del 28 de mayo en Melilla, entre otros puntos del país, “es el ejemplo de que las instituciones y los sistemas de control funcionan”.
A preguntas de los periodistas en su visita a Melilla para participar en las XXVIII Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo, el fiscal general del Estado ha apuntado que ese es “un buen mensaje para todos” y “la tranquilidad” de que hay en España “un muy buen sistema electoral”.
Con la actuación que se ha llevado a cabo ante una supuesta trama de compra de votos por correo en Melilla, Álvaro García Ortiz cree que se ha evidenciado la capacidad para detectar y corregir posibles casos de fraude.
“No me atrevo a decir que debemos estar, de alguna manera, satisfechos, pero es el ejemplo de que las instituciones funcionan, de que los sistemas de control funcionan, de que somos capaces, y hemos sido capaces, de detectar, desde muchos aspectos y muchos lugares, cómo puede haber una mala utilización de los sistemas electorales y, por supuesto, corregirlos”, ha afirmado.
García Ortiz no ha querido hacer ninguna valoración sobre la investigación que la Fiscalía General del Estado ha encargado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada sobre la supuesta trama de compra de votos en las elecciones a la Asamblea de Melilla del 28 de mayo, tal y como decretó él mismo pocos días antes de los comicios.
El fiscal general ha justificado su postura al respecto porque “es conveniente mantener en la discreción propia del respeto a las investigaciones judiciales y fiscales”, habida cuenta que el trabajo del Ministerio Público “es por y para el proceso” y a él se deben los fiscales.
“Los asuntos que están bajo la lupa judicial, que están siendo investigados, es un deber nuestro mantener la discreción y entender que el campo de trabajo y el campo de investigación es el proceso y a él nos debemos. A él nos debemos los fiscales”, ha argumentado García Ortiz sin ocultar que a veces les gustaría “poder contar más cosas, ser más explícitos o poder contradecir algo de lo que aparece en los medios de comunicación”.
Según su decreto, las investigaciones que ha realizado la Policía sobre el 28-M en Melilla ponen de manifiesto “la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos, alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo”.
Según las averiguaciones practicadas, dicha operación habría sido llevada a cabo “por varios individuos afines o relacionados con Coalición por Melilla” (CPM), que “conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada” y cuya supuesta compra de votos “se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones” adjudicados en la última legislatura en la Ciudad Autónoma”.
Los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales de los arts. 141 y 146.1 a) de la L.O. 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, “sin perjuicio de ulterior calificación”, de acuerdo con el atestado policial.
