Por Fidel Moga
La Delegación del Gobierno no actuó como garante de los derechos retributivos igualitarios de los trabajadores de los planes de empleo.
La aplicación de las políticas activas de empleo, en la ciudad de Melilla, es la radiografía de la inoperatividad del esfuerzo inversor del Gobierno de la Nación para crear empleo en la ciudad autónoma, los datos relativos al segundo trimestre del 2024 son demoledores, la tasa de paro se sitúa en el 27,73%, el porcentaje de paro juvenil inferior a 25 años es del 81,25% y el 18,13% es la tasa de paro de todos los miembros de una misma familia, en un territorio con 86.418 habitantes
Dichos datos en comparativa con la media del estado español, una tasa de paro en el mismo periodo del 11,27%, un paro juvenil del 28,5% y un 4,5% de todos los miembros de una familia en desempleo, muestran el fracaso de la creación de empleo en la ciudad de Melilla.
Para las formaciones políticas en el Gobierno, Nacional o Local, los Planes de Empleo representan gestionar 4.914.228,90€ por la Ciudad Autónoma y 10.997.111,77€ por la Delegación del Gobierno, año tras año, para no paliar el déficit de desempleados existentes en Melilla. Tan sólo se alcanza con dichas políticas de empleo, facilitar a los desempleados una serie de meses de trabajo, no más de nueve por año, para acumular tiempo trabajado que permitan percibir las prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, es decir se les facilita comer hoy pero su futuro es totalmente incierto ante la inexistencia de yacimientos de empleo, lamentablemente se puede resumir en la frase, “pan para hoy, hambre para mañana.
En una ciudad con 10.500 parados en el segundo semestre de 2024, la Delegada del Gobierno, mes tras mes, intenta manipular los datos en comparativas con meses u años anteriores, olvidándose que tras cada parado existe una preocupación por acceder al mercado laboral, que genera pobreza, precarización salarial, una economía informal, incremento de la delincuencia y emigración de nuestros jóvenes.
El tejido empresarial melillense, por unanimidad de sus diversas asociaciones, han solicitado en reiteradas ocasiones a la Delegada del Gobierno que se modificasen las convocatorias, de forma que fuesen los empresarios quienes pudiesen desarrollar los Planes de Empleo a través de obras y servicios mediante concurrencia competitiva, lo que conllevaría la captación de talento para sus empresas. Las cuentas son fáciles, en los últimos 5 años Sabrina Moh ha gestionado 55 millones de euros sin crear un solo puesto de trabajo estable ni estructural, se imaginan un empresario local que todos los años dispusiese de 11 millones de euros anuales en su presupuesto, sin lugar a dudas se crearían puestos de trabajo.
La incapacidad para la gestión de Sabrina Moh, la sufren los ciudadanos, como explicar la comunicación a los desempleados en la página web del Servicio de Empleo Público Estatal en Melilla de fecha 10 de mayo de 2024, en la que consta que “son conscientes de los beneficios y del impacto positivo que la puesta en marcha de los Planes de Empleo tiene en la sociedad, entre la ciudadanía y en los organismos en los que se desarrollan y, por ello, lamentan las molestias que este impasse pueda conllevar y han mostrado su deseo que esta cuestión se solvente en el menor tiempo posible”. Sra Moh la relatividad del tiempo no se mide por igual para quien percibe un sueldo mensual cercano a los 10.000€, más la gratuidad en los coste de suministros eléctricos, gas, servicio doméstico, mantenimiento de jardín y piscina, en comparación con la realidad cotidiana de los miles de ciudadanos que necesitan acceder a un puesto de trabajo para asegurar el pago de una hipoteca o alquiler y la comida de sus hijos.
Han transcurrido más de cuatro meses y por lo tanto el horizonte laboral de los desempleados, los 1.036 previstos, que con independencia de su fecha de inicio deberán finalizar durante el año 2024, es decir en el mejor de los casos la contratación por un máximo de nueve meses se reducirá a 3 meses.
¡Que enorme capacidad,! de la Delegada del Gobierno, en hacer política orientada al interés general de los ciudadanos, así se pone de manifiesto tras la Resolución Judicial Condenatoria del ámbito social, al retribuirse la prestación de los empleados contratados, fuera de convenio, cuando la nómina debía contemplar una mayor retribución al ser trabajadores que deberían haberse incluido en el convenio del personal laboral de la Administración Pública, vulnerando la igualdad retributiva de dichos trabajadores.
La falta de idoneidad de Sabrina Moh para la gestión es evidente, pues llueve sobre mojado, tal y como consta en el informe de la Abogacía del Estado 89/2021, relativo a los trabajadores contratados para cubrir los puestos de trabajo de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) que desarrollaban unas funciones estructurales, durante periodos de tiempo determinados cada año, al servicio de la Administración Contratante, la Delegación del Gobierno en Melilla, y que conllevó la desaparición de la UPD tras un paso intermedio de su gestión por un medio propio de la Administración como es TRAGSA, y con ello todos los trabajadores fueron a ingresar las listas del paro.
Sabrina Moh debería explicar cómo siendo la Administración Pública garante de la protección de los ciudadanos, fuera precisamente la propia Administración Contratante, la Delegación del Gobierno, la que estaba vulnerando los derechos de los trabajadores, trabajadores a los que habrá que abonar la diferencia retributiva y la indemnización que cifre el Juzgado de lo Social nº 1 de Melilla, su inadecuada gestión de los Planes de Empleo le costará dinero al contribuyente, es una muestra más de su falta de idoneidad para el puesto de trabajo que ocupa, esperemos que se le exija responsabilidades patrimoniales y no sea el ciudadano quien pague su desconocimiento.
Por el contrario, si hay que reconocerle a la Delegada del Gobierno el mérito de haber puesto en negro sobre blanco los déficits de recursos públicos existentes en los organismos estatales del territorio de su competencia, sirva como ejemplo el convenio publicado en el BOE de fecha 28 de marzo de 2024 entre Imserso y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, donde se recogen en sus anexos la contratación de 104 trabajadores de apoyo sociosanitario en el Centro Polivalente de Servicios para Personas Mayores, 7 trabajadores para el Apoyo en el mantenimiento de centros de Imserso, 7 trabajadores para Atención Temprana en niños y niñas con discapacidad, 8 trabajadores de refuerzo en la Dirección Territorial de Imserso y dependencia, 6 trabajadores en la emisión de tarjetas de discapacidad, con un presupuesto de 1.445.030,20€ y que acreditan, por la propia Delegada, la necesidad de recursos humanos para atender las prestaciones que dispensa el IMSERSO en Melilla.
Esto es solo una muestra de los déficits de recursos humanos en toda la Administración General del Estado, desde el Centro Penitenciario a los centros educativos, desde el Cuerpo Nacional de Policía al Ingesa, desde el Imserso a la Autoridad Portuaria, ese es el verdadero Plan de Empleo para la ciudad de Melilla, el incremento de recursos humanos estructurales en todos los organismos y Direcciones Provinciales y Territoriales que se han venido cuantificando desde el año 2019, pero para ello se necesita una Delegada del Gobierno que anteponga el interés general de los ciudadanos al mantenimiento de su cargo público como simple vocera de las actuaciones del Gobierno de la Nación.
