Daniel Ventura entiende que los trabajadores del Centro Asistencial incurrirían en "abandono de funciones" si como dice el comité de empresa no se hacen responsables de los hechos como las situaciones de acoso que dicen se producen en los pabellones de menores y que no denuncian, por lo que se convertirían en "cómplices" de los autores. Esta dejación supondría una "vulneración del convenio" entre la Ciudad y esta institución que se eleva a algo más de dos millones al año, e incluso podría llevar a su extinción. El consejero pide a estos trabajadores un esfuerzo similar al que realizan los destinados en otros centros y que soportan una mayor presión por el constante aumento de la cifra de menores acogidos. El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, salió ayer al paso de las declaraciones del Comité de Empresa del Centro Asistencial de Melilla que considera "alarmante la situación de los pabellones de acogida de menores".
Considera "sorprendente" que en su comunicado "se admita de forma palmaria que los profesionales que intervienen en el Centro saben de la existencia de menores que acosan o coacciona a otros para la comisión de hechos delictivos" y que a pesar de que "deben velar por ellos y aplicar en su caso el régimen sancionador previsto" no han dado traslado de su gravedad a las autoridades judiciales oportunas. Añade que el que "no lo hayan comunicado a la autoridad judicial o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad" les está "convirtiendo en encubridores de esas prácticas y están dejando en entredicho la labor pedagógica que se le encomienda para todos los menores y la labor de protección que deben cumplir".
Con respecto a la atención a menores que a su juicio presentan trastornos de conductas que pudieran afectar a la convivencia del Centro Asistencial, insta a los trabajadores a que "acudan a los especialistas sanitarios que puedan acreditar esas conductas disruptivas que pueden perjudicar al menor responsable de las mismas y a todos los acogidos".
Convenio
Entiende que raya "lo inverosímil" que el comité de empresa diga que los trabajadores no se hacen responsables de los hechos que puedan acaecer en el Centro Asistencial "a pesar de que son ellos los principales garantes de que la vida diaria se desarrolle allí en las mejores condiciones para los menores y para el personal que los atiende". De otra forma, "estaríamos ante un abandono de sus funciones que calificaríamos de grave y que supondría la vulneración del Convenio suscrito entre ambas partes, con las consabidas repercusiones legales que en último extremo podría llevar aparejada su extinción".
Insiste el consejero en que el Convenio de Colaboración está "suficientemente dotado desde el punto de vista económico, ya que no podemos olvidar que el Centro Asistencial es una organización sin ánimo de lucro y no se entendería que los emolumentos del personal siguieran aumentando paulatinamente sin los esfuerzos de contención del gasto propios de una crisis que nos ha afectado a todos". "Quizás una mayor contención en los sueldos de algunas categorías profesionales podría suponer un mayor incremento del personal y de la calidad de la atención a los menores acogidos, permitiendo aumentar la ratio que los sindicatos señalan", señala.
Por último manifiesta que el Gobierno de la Ciudad y él mismo no han dejado de buscar soluciones a la problemática de los menores extranjeros en general, conocida por todos en la ciudad. "El presidente de la Ciudad lleva incluida en su agenda esta problemática planteada desde hace ya algún tiempo y tiene concertada próximamente una reunión al más alto nivel con responsables del Gobierno de la Nación con el objeto de tratar entre otros asuntos el de los menores extranjeros no acompañados", manifestó.
Aportación económica
Ventura señala que la Ciudad mantiene con esta institución un Convenio para el concierto de 100 plazas de acogida y atención de menores no acompañados y socialmente dotado este año de 2.280.656 euros. Con esta partida se sufragan los contratos laborales de más 45 personas de distintas categorías, así como la dieta menor/día, que supera los 63 euros. El coste mensual de cada menor es de casi 1.900 euros". A este dinero se añaden otros 250.000 euros del Ejecutivo central, "por lo que el importe subvencionado para esas actuaciones se elevaría a 2.530.000 euros".
Aclarado este punto, añade que aunque en ocasiones "se producen repuntes en la ocupación de plazas como consecuencia de la propia dinámica migratoria de estos menores, suelen ser pasajeras y exigen un esfuerzo adicional del personal destinado en el centro". En cuanto a que el Comité de Empresa hable de hacinamiento, manifiesta que "aunque el número de menores impida prestar la atención más adecuada, tanto la Consejería de Bienestar Social como la Ciudad tratan de que esa atención sea la mejor posible teniendo en cuenta los recursos existentes y las limitaciones presupuestarias" pero lo que está claro es que "la alternativa a la situación actual sería tener al excedente de menores en la calle, algo ilegal e inmoral".
Daniel Ventura reitera que el fenómeno de la inmigración de menores es complejo, "que no debe ser observado sólo desde una responsabilidad local, ya que deben intervenir otros actores entre los que incluimos al Reino de Marruecos, principal foco de procedencia de estos menores". No obstante, "ante la trascendencia del problema, queríamos observar un mayor compromiso con la atención a estos menores desde la representación sindical del Centro Asistencial, como el que se observa en otros centros de acogida de menores que han soportado ingresos masivos y que han aguantado con auténtico estoicismo esa mayor carga de trabajo".
Lamenta Daniel Ventura que a pesar de que por el convenio "se les supone la suficiente preparación técnica, observamos en el comunicado que esos sindicatos realizan una discriminación en cuanto al origen de los menores que se atienden, lo que iría en contra de la normativa nacional e internacional". "Queremos entender que la referencia a esa diferenciación estaría basada en el perfil del menor en cuanto a su grado de adaptación y circunstancias socioeducativas y familiares, pues de otra forma no tendría cabida en nuestro Estado de Derecho", hace constar.
