La Consejería de Bienestar Social ha detectado a 20 inmigrantes adultos entre los acogidos en centros de protección de menores de su competencia, que han sido ya expulsados después de que las pruebas de edad hayan relevado que tienen cumplidos los 18 años. A esta veintena de adultos detectados se podrían sumar próximamente otros 18. El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, explicó ayer que su departamento había localizado a 38 inmigrantes en los centros de acogida de menores sobre los que tenía sospechas de que pudieran ser en realidad mayores de edad, por lo que han sido sometidos a las pruebas oseométricas para comprobar cuántos años tienen.
Una veintena de inmigrantes que se declararon menores de edad ya han sido expulsados por ser adultos, y Ventura apuntó que probablemente queden otros 18 que también lo sean, aunque habrá que esperar a que se conozcan los resultados para adoptar la misma medida en caso de que ya hayan cumplido los 18.
“No culpo a Delegación”
“Ese es el trabajo que hay que hacer, rebajar el número de menores en el centro de acogida para que estén los que tienen que estar”, señaló el consejero, que negó que días atrás culpara a la Delegación del Gobierno del problema con los menores extranjeros no acompañados al recordar que el origen está en la frontera.
“Han entrado últimamente muchos mayores y menores, que entran por la frontera, no en globo ni en paracaídas”, apuntó Ventura, que mostró la “preocupación” de ambas administraciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por este problema.
Lamentó que desde la oposición se hayan limitado a criticar este “problema complejo” de una “presión migratoria extrema” sin aportar soluciones, e insistió en que se requieren “soluciones complejas” en las que se está trabajando a corto y largo plazo, por lo que instó a “tener paciencia y entender que no se puede devolver a los menores de cualquier manera”.
Además, recordó que este año, la Ciudad Autónoma tiene previsto un gasto en acogida de menores que asciende a 13 millones de euros, de los cuales el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aporta 4, mientras que los 9 restantes son financiados con fondos propios por la Administración melillense, que es la que tiene las competencias.
