El presidente de la Asociación de Padres y Madres, Joan casares, afirma que no se debe criminalizar a las familias que no han aportado la beca, sino tratar de ayudarlas y dar una solución a la situación.
La Asociación de Padres y Madres del colegio Reina Sofía de Melilla ha denunciado la suspensión del comedor por falta de fondos ya que unas diez familias no han aportado la beca correspondiente y han afirmado que esto supone una vulneración a “sus derechos” y que además afecta a los más necesitados. Asimismo, el presidente del AMPA, Joan Casares, ha añadido que no se debe de criminalizar a las familias que no han pagado ya que estas se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y que deben de intentar y apoyar en medida de lo posible a los que padecen estas circunstancias.
El comedor del Colegio Reina Sofía ha sido suspendido por falta de fondos, algo que se informó el pasado martes, así lo ha indicado a este periódico Joan Casares, el presidente del AMPA del centro.
Cerca de 90 niños están becados con 574 euros por periodo escolar, algo que es insuficiente para las necesidades especiales de la mayoría de los niños del centro.
Asimismo, ha expresado que se está trabajando para que esa cuantía sea superior de cara al año que viene. “Uno de los problemas a los que se atribuye la falta de fondos es que diez padres hayan dejado de ingresar el dinero correspondiente y esto se debe al proceso de funcionamiento. La beca la reciben las familias y después la deben ingresar en el colegio”.
En este sentido, ha explicado que esas diez familias han dejado de ingresar el dinero por situación de vulnerabilidad. “Todos los años suele haber una o dos familias en esta situación, pero en esta ocasión, esto ha aumentado exponencialmente”
“Aunque la obligación de las familias sea ingresar el dinero, no hay que criminalizarlas por no hacerlo, pero a través de la trabajadora social del centro habría que ver las dificultades que están pasando en dichos hogares y en cómo esto afecta a las necesidades y atención del niño discapacitado”, ha añadido Joan Casares.
“Nuestro objetivo va a ser ver cómo podemos ayudar a estas personas. A pesar de contar con mucho menos dinero, no entendemos el hecho de que se suspenda el servicio, por ello no entendemos que se vulnere un derecho fundamental. Estamos viviendo una situación difícil por diversos aspectos”, ha asegurado.
Además, ha dejado claro que en el periodo en el que él lleva en el AMPA esta situación solo se había mantenido como mucho durante dos días, por lo que van a acudir a la fiscalía de menores para explicar el caso y denunciarlo. Además, los padres del AMPA miembros del consejo escolar van a solicitar saber cómo está la situación, así como por qué no ha existido una planificación de todo el año para tener un servicio. También pedirán a la administración la atención pertinente para que esto no vuelva a suceder.
