La secretaria regional del PP y senadora por Melilla, María del Carmen Dueñas, rechazó ayer la “criminalización” que, según dijo, están haciendo determinados partidos políticos sobre personas que se ven imputadas en procedimientos judiciales, lo cual hace “un flaco favor” al Estado de Derecho y a todas las normativas que han sido aprobadas “entre todos” en la etapa democrática.
Sin mencionarlo expresamente, Dueñas se refirió de esta forma al revuelo que ha causado la imputación la semana pasada de ocho guardias civiles por su actuación en el perímetro fronterizo en el intento de entrada que registró el perímetro fronterizo el 15 de octubre del año pasado, y también a la imputación de 35 personas en la denominada Operación Tosca, entre la que hay varios miembros del Gobierno melillense.
“Vemos como se trata de criminalizar a cualquier ciudadano que se pueda ver en esta condición [de imputado], llámese guardias civiles o responsables políticos”, dijo la senadora, que insistió en lo fundamental que resulta en el Estado de Derecho “hacer un equilibrio entre ese derecho a la presunción de inocencia y el respeto absoluto a la Justicia”.
Según Dueñas, las formaciones políticas que se han pronunciado al respecto “pocas lecciones pueden dar de nada”, por lo que rechazó la “excesiva facilidad o frivolidad” con la que “se cuestiona” el principio de presunción de inocencia, un derecho que “queda como en segundo plano” cuando una persona es imputada o detenida.
“Da la impresión de que cuando se habla de imputación parece que es condena”, señaló la senadora antes de afirmar que el Ministerio de Justicia ya está trabajando en medidas que reduzcan esa carga negativa que conlleva ese término. El objetivo es “armonizarlo con la legislación europea”, como ocurre en otros países como Francia, donde la figura del imputado no existe y en su lugar se habla de testigo asistido.
Por último, Dueñas reiteró su “confianza absoluta” en la Justicia y en la labor de la Guardia Civil en el perímetro fronterizo.
