La consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, Esther Donoso, aseguró ayer que el Gobierno local adjudica los contratos menores de acuerdo con el marco normativo, e incluso va más allá al “autoimponerse” más requisitos de los que marca la Ley “para garantizar más transparencia” a la hora de adjudicar este tipo de contratos. Donoso respondió de esta manera a una de las interpelaciones del PSOE, cuyo portavoz, Gregorio Escobar, pidió al Ejecutivo que adopte medidas “para garantizar la transparencia” en este asunto, ya que a su juicio existe “un halo de sospecha” en materia de contratación menor en la Ciudad Autónoma en estos momentos. De hecho, afirmó que los informes del Tribunal de Cuentas afirman que en Melilla no se cumple la Ley en cuanto a contratación pública.
Sin embargo, Donoso desmintió a Escobar al afirmar que dicho órgano fiscalizador no ha incluido en ninguno de sus informes denuncias sobre contratos menores, que son aquellos que no exceden de 18.000 euros en caso de adjudicar servicios o suministros, y 50.000 euros en el caso de obras. La consejera recordó que estas cuantías límites fueron establecidas por el anterior Gobierno socialista, ya que en la anterior Ley de Contratación en el Sector Público las cifras eran más bajas, concretamente 12.000 en el caso de servicios o suministros y 30.000 euros en el de obras.
Una vez hecha esta apreciación, Donoso dijo que la gestión de los contratos menores es más ágil desde el punto de vista administrativo porque no es necesario sacarlos a concurso para su adjudicación, de modo que en la licitación solo es necesario una aprobación del gasto y la factura correspondiente. Es “un procedimiento sencillo”, en definitiva.
Además, la consejera también explicó que si el contrato a adjudicar está por encima de los 3.000 euros en los servicios o suministros o 6.000 euros en el de las obras, además de la factura y la orden de aprobación también es necesario un informe de la necesidad de contratación y una orden de factura. En el caso de las obras, la Ciudad también exige un presupuesto y un informe de supervisión cuando afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Y si la cuantía está por debajo, la Administración local exige un informe de necesidad de la contratación y la factura.
Por lo tanto, Donoso destacó que la adjudicación de contratos se ajustan al marco normativo y sin arbitrariedad en el procedimiento, como aseguró el PSOE, al que también desmintió que se produzca un derroche en el uso de los recursos públicos, ya que la contratación “obedece a razones de interés público”.
Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, dijo en su turno de palabra que más de 100 empresas trabajan para la Administración local, de modo que “el dinero circula entre las PYMES”, y rechazó que un diputado de la oposición presida la Comisión de Contratación para que haya “una inspección permanente”, como defendió Escobar. Según dijo Imbroda, confía más en la honestidad del PP que del PSOE, cuyos diputados están procesados.
