Durante la cumbre anual de la OTAN del pasado mes de junio en La Haya, los países aliados alcanzaron el acuerdo de incrementar notablemente las inversiones de sus países en Defensa en relación con el respectivo Producto Interior Bruto (PIB) de cada uno de ellos. Concretamente, como es sabido, el acuerdo, alcanzado por unanimidad, se cifraba en dedicar a la inversión en defensa, a partir de 2035, el 5% del PIB, dividido en el 3,5% en capacidades propiamente militares, tales como defensa antiaérea y antimisil, artillería de largo alcance, y drones y anti drones y el 1,5% restante en capacidades complementarias relacionadas con la defensa, tales como la protección de infraestructuras críticas o el desarrollo de la ciberseguridad y la protección de las comunicaciones.
En el camino hacia ese 5% se establecía un hito de revisión, fijado en 2029, para confirmar o revisar la senda de crecimiento hasta alcanzarlo.
Como sucediera en 2022, entre el Concepto Estratégico de la OTAN y la Brújula Estratégica de la Unión Europea, en esta ocasión, al mismo tiempo que la OTAN preparaba su acuerdo para el incremento notable de la inversión en defensa, la Unión Europea elaboraba su Plan de Rearme y preparación 2030. En este Plan, la Unión Europea establecía un listado priorizado de capacidades críticas en las que se percibía a sí misma como deficitaria y que se alineaban muy considerablemente con las identificadas por la OTAN. Así, la UE identificaba, en primer lugar, la carencia de defensa antiaérea y antimisil, en segundo lugar, los sistemas de artillería de largo alcance, a continuación, la munición para esa artillería y misiles, posteriormente los drones y los anti-drones, en quinto lugar, el apoyo a la movilidad militar, después la Inteligencia artificial y la computación quántica, así como la guerra electrónica y la híbrida y finalmente la protección de infraestructuras críticas.
Por su parte, el Gobierno de España elaboró y presentó públicamente en abril de este año un Plan Industrial y Tecnológico para la seguridad y la Defensa con el que pretendía adelantarse a lo que presumía se iba a plantear en la cumbre de junio de la OTAN en la que, como es sabido, tras alcanzar el acuerdo unánime del 5%, el presidente del Gobierno español estableció una matización mediante un ambiguo cruce de cartas con el Secretario General de la OTAN, manifestando que, por el momento, consideraba que con el 2% de inversión era suficiente. A tal fin, como digo, el Gobierno elaboró y divulgó su Plan Industrial y Tecnológico con el que anunció una inversión para este año de 10.471 millones adicionales a los previamente presupuestados con los que pensaba alcanzar el 2% del PIB y que se orientaba a cinco prioridades concretas:
- Mejora de las condiciones laborales de las FAS (35%).
- Nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad (31%).
- Fabricación o compra de nuevos instrumentos de defensa y disuasión (19%).
- Refuerzo del papel de las FAS frente a catástrofes naturales (17%).
- Mejorar las condiciones de seguridad de los contingentes desplegados en operaciones (3%).
Como se ve, cualquier alineamiento con lo posteriormente acordado con nuestros aliados no puede considerarse más que fruto de la coincidencia. No obstante, en tres Reales Decretos consecutivos, el 913, el 914 y el 915, aprobados en Consejo de Ministros el pasado 14 de octubre, el Gobierno aprobó la concesión de préstamos por unos 6.000 millones de euros, es decir, el 60% de lo previsto en el plan, para diversas industrias del sector de la defensa para la financiación de programas de modernización para los que, en principio, según el plan, sólo se planteaba un 19%. En resumen, todo bastante incoherente y deslavazado por parte de nuestro Gobierno.
Se ha dicho en determinados medios de comunicación que la cifra del 5% ha sido una cifra aleatoria planteada por el Presidente Trump al objeto de que las naciones europeas adquiriesen armamento a las industrias de defensa estadounidenses. A este respecto, es de justicia afirmar que el Presidente Trump no es el primer Presidente estadounidense que afirma que los europeos deberían gastar más en su propia defensa. Lo han dicho todos los Presidentes estadounidenses, sin excepción, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el posterior nacimiento de la Alianza Atlántica.
Por otra parte, cuando el 5 de junio, antes de la cumbre de la OTAN, el Secretario General de la OTAN se reunió con los Ministros de Defensa de los países aliados, explicó que el 5% procedía del análisis de los Cuarteles Generales de las Fuerzas Armadas de los países miembros mediante el Proceso de Planeamiento de la Defensa de la OTAN elaborado durante los cuatro años precedentes (2021-2024).
En coherencia con el Proceso de Planeamiento de la Defensa de la OTAN, las Fuerzas Armadas españolas tienen su propio Ciclo de Planeamiento de la Defensa, coherente con el de la OTAN, y descrito en una Orden Ministerial del Ministerio de Defensa, concretamente la Orden de Defensa 60/2015, en el que, en ciclos de 6 años, de los que los dos últimos se solapan con los dos primeros del ciclo siguiente, los militares, bajo la dirección del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, establecen el Objetivo de Capacidades Militares que precisan para el desempeño de las misiones que la nación les asigna y los dimensionan en recursos militares concretos (plataformas, formación, mantenimiento y recursos humanos necesarios) cuya financiación trasladan a los sucesivos Presupuestos Generales del Estado, cuando estos se publican.
Como saben, los últimos debatidos, aprobados y publicados en nuestra nación lo fueron en la legislatura pasada, concretamente en 2022 para 2023, fijándose para la Sección 14 (Defensa) una cantidad próxima a los 14 mil millones de euros, no habiéndose publicado nuevos Presupuestos ni en 2023, ni en 2024 ni, muy probablemente, en 2025. Nos encontramos, desde este punto de vista, en una situación calamitosa, que debería ser corregida urgentemente por el Gobierno y que no hace sino agravar, en ésta como en otras materias, nuestras divergencias con nuestros aliados.
