Cerca de 15 familias afectadas por el terremoto del 25 de enero se congregaron ayer en la Plaza de España para exigir a la Ciudad una solución a una situación que ya califican de “desesperada”. Llevan casi tres meses hospedándose en hoteles sufragados por la Consejería de Bienestar Social y, a pesar de las “incomodidades”, estos padres y madres lamentan que en pocos días tendrán que abandonar las habitaciones, sin tener todavía un hogar al que dirigirse. Su principal preocupación es qué ocurrirá con los menores.
La pesadilla todavía continúa para muchas de las personas afectadas por el terremoto, que ayer volvieron a manifestarse a las puertas del Palacio de la Asamblea para exigir a la Ciudad una solución “real” para una situación que ya tildan de “desesperada”. Cerca de 15 familias pasaron parte de la mañana en la Plaza de España con la esperanza de que no se les “olvide” y de que el Gobierno local proponga alguna alternativa eficaz que les permita dormir más pronto que tarde bajo el techo de una vivienda.
Estos padres y madres de familia aseguraron a MELILLA HOY que se sienten desamparados por parte de las autoridades. Según lamentaron, en los próximos días tendrán que dejar obligatoriamente las habitaciones de los hoteles en las que han pasado los últimos tres meses, como medida provisional adoptada desde Bienestar Social. Las familias criticaron que han estado “viviendo como animales en jaulas”, en unas condiciones “muy incómodas” para todos, especialmente para los más pequeños. En esta línea, varios padres afirmaron que algunos de sus hijos llevan “semanas enfermos”, con síntomas como fiebre o anemia, por culpa de la mala alimentación. También señalaron que esta situación “tan insostenible” ha influido en las notas de muchos chicos.
Preocupación por los hijos
No obstante, el problema más urgente que se plantean ahora es que no saben dónde dormirán con sus hijos de aquí a unos días. Bienestar Social propuso pagar hasta los seis primeros meses de alquiler y la fianza, pero las familias manifestaron que es muy complicado encontrar un arrendatario dispuesto a alquilarles un piso. “Nos piden nóminas muy altas porque no se fían de que la Ciudad les vaya a pagar”, afirmó Imane El Abadi, madre de dos niños de cinco años. La mayoría de los familiares afectados por el seísmo tienen nóminas muy bajas o directamente no reciben ingresos, y cuentan además con cargas familiares.
Con este panorama, la principal preocupación es qué va a ocurrir con sus hijos. “Nos dicen que nos van a quitar a nuestros niños si no conseguimos una casa, porque no podemos volver a nuestras antiguas viviendas ni dormir en la calle con ellos, pero no nos dan ninguna solución”, lamentaron. Al respecto, subrayaron que “lo peor” que podría ocurrirle a estos menores es que los separasen de sus progenitores. “Ellos necesitan estabilidad, y tienen que estar con nosotros”, insistieron.
La presión a la que se ven sometidas estas familias también les está pasando factura a su salud, según comentaron. “Esto nos está costando depresiones”, relató Eva Dominguez, madre de cinco hijos. Por eso, los afectados instaron al Gobierno local a que estudie con urgencia cada uno de sus casos, a fin de dar con la solución más adecuada y “terminar con esta agonía”. En esta línea, quisieron recordar a la Ciudad que el artículo 47 de la Constitución Española reconoce que “todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
La versión de Bienestar Social
Tal y como publicó ayer este Diario, el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, aseguró que desde la Consejería ya se ha tramitado la orden para que se puedan pagar “hasta seis meses de alquiler” a las familias afectadas por el terremoto. No obstante, también aclaró que “no es que vayan a pagar los seis meses de alquiler a todas ellas, sino en función de sus características, porque cada una de ellas es un caso particular”.
En esta línea, Ventura puntualizó que desde Bienestar Social se atienden a familias sin ingresos o con con ayudas muy bajas, y que “a todas ellas se ayuda en función de sus necesidades”. En estos momentos, la Consejería está sufragando el alojamiento en hoteles a 21 familias, lo que supone un total de doscientas personas entre adultos y menores.
