Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) afirman que la sentencia del Tribunal Constitucional «consolida» la exclusión de la atención sanitaria gratuita para las personas migrantes en situación administrativa irregular, al tiempo que «ignora» los tratados internacionales de derechos humanos firmados por España. «En esta sentencia el Tribunal Constitucional da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales. (…) De este modo, consagra una visión regresiva sin suficiente justificación sobre el derecho a la salud en España», advierten en un comunicado conjunto.
La pasada semana el Constitucional hacía pública su decisión de desestimar el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Parlamento de Navarra, avalando así la decisión del Gobierno de dejar sin tarjeta a los inmigrantes carentes de permiso de residencia en España, al entender que el legislador, en este caso el Ejecutivo, puede modular las condiciones de la prestación de dicha atención médica y consideran que «la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad en las prestaciones y los servicios sanitarios».
Las organizaciones señalan que el Tribunal Constitucional ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es estado parte: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud.
«Los contextos de crisis económica no rebajan ni eliminan las obligaciones de derechos humanos de un Estado», señalan, al tiempo que muestran su preocupación por la ausencia de un análisis detallado y ponderado que avale y documente de manera pormenorizada la «grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud» a la que se refiere la sentencia, que respalda un recorte en el derecho a la salud con potenciales impactos graves en la población afectada.
Desde que entró en vigor el RDL, el 1 de septiembre de 2012, más de 748.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno.
