La Junta de Personal Docente no Universitario de Melilla, por decisión unánime, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Dirección Provincial del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECyD) por “incumplir la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales”, al no constituir el Comité de Seguridad y Salud para los docentes. La denuncia se debe al “incumplimiento continuo y reiterado” de la Dirección Provincial de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, concretamente la relativa a la constitución y funcionamiento del Comité de seguridad y salud, órgano que pese a ser de obligada existencia y funcionamiento regular “lleva más de cuatro años sin reunirse”. Durante este período, tanto la Junta de Personal como los sindicatos representativos del sector educativo en nuestra ciudad han solicitado la renovación y correcto funcionamiento de este “importante” comité, peticiones que “han tenido una y otra vez la callada por respuesta o bien compromisos de una pronta renovación hasta el momento incumplidos”, según la Junta de Personal Docente, que ha dirigido escritos solicitando el cumplimiento de la normativa a la Delegación del Gobierno de Melilla y a la Subsecretaría del Ministerio de Educación. ”Esta nula respuesta de la administración a las cuestiones planteadas desde la representación de los trabajadores, “eludiendo el deber a la información, consulta y participación al que los trabajadores tenemos derecho en virtud de los artículos 33 y 34 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Capítulo III del Acuerdo Administración – Sindicatos de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado puede dar origen a un incumplimiento tipificado como leve o grave, en los artículos 9.4 y 10.8 respectivamente de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social”, según la Junta de Personal Docente, que lamenta que se haya privado a los profesores de su Comité de Salud y Seguridad, dejándolo en “una manifiesta situación de indefensión ante los riesgos a los que a diario se enfrenta”, confiando en que la Inspección de Trabajo cambie esto.
