Son muchos los ciudadanos que de forma callada se sienten orgullosos de la labor fronteriza dura y, sin duda, complicada de los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, en orden a la salvaguarda de los intereses generales de la población melillense, española y europea Más que justificada resulta la celeridad, muy criticada por los partidos independentistas, con la que el Tribunal Constitucional acordó por unanimidad el lunes admitir a trámite los dos recursos del Gobierno que preside Mariano Rajoy contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de consulta popular no refendaria del 9 de noviembre, lo que produce legalmente la suspensión automática de ambas disposiciones durante un plazo máximo de cinco meses. Y es que es mucho lo que está en juego. El asunto catalán lógicamente copa estos días la información de ámbito nacional, a la que ayer restaba algo de protagonismo el entierro del superministro del Ejecutivo de Felipe González, Miguel Boyer, fallecido el lunes a los 75 años de edad tras sufrir un severo ictus en 2012. Un despliegue importante de políticos y representantes de las altas finanzas desfilaron por la capilla ardiente para acompañar en los momentos de dolor a la que posiblemente sea la mujer socialmente más mediática del país, Isabel Preysler y a su hija Ana. También fijábamos ayer la atención muchos españoles en aquellas noticias relacionadas con los presupuestos presentados ayer por el ministro Cristóbal Montoro, denominados ya por algunos de la "consolidación". Y ese es, al parecer, el objetivo prioritarios del Gobierno, que contempla unas cuentas del Estado que deberían sentar las bases de la recuperación económica. Mariano Rajoy cree posible impulsar el PIB a un ritmo del 2% en 2015, en base a un fuerte incremento de los ingresos tributarios, fruto de la reforma fiscal, y apoyados en una mejora del mercado laboral, que permitirá gastar menos en los parados e ingresar más en concepto de cotizaciones. De hecho, a tenor de las cifras avanzadas por el titular del Ministerio de Hacienda, la aportación del Estado a las prestaciones por desempleo bajará un 14,9%, hasta los 25.300 millones de euros. Lo más llamativo, la subida de las pensiones, aunque lo más anecdótico la congelación de los sueldos del presidente del Gobierno y del jefe del Estado, porque siempre despierta expectación todo lo que rodea la Casa Real.
Ya en el ámbito local, el protagonismo melillense se tradujo en torno a uno de los programas punteros de las ondas españolas, “La mañana de COPE”, emitido ayer en directo por su director Ángel Expósito, en el que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, aprovechó la promoción mediática del evento para insistir en los asuntos que se ciernen en la actualidad en torno a la ciudad como son el yihadismo y la inmigración. El político ha reiterado el efecto nefasto que el yihadismo ejerce sobre los intereses melillenses y, en concreto, sobre la imagen de la ciudad. De hecho, el primer edil melillense considera con buen criterio que el terrorismo yihadista es una forma de acabar con las civilizaciones. Tampoco eludió uno de los grandes problemas que desde hace ya incluso más de una década persiste en esta zona norteafricana. La inmigración procedente de los países subsaharianos y sus circunstancias no es un fenómeno que se circunscriba a Melilla, ni a España, sino que incide directamente sobre toda la Unión Europea por lo que pidió una vez más una mayor implicación de nuestros socios de la UE.
Pero la jornada tuvo también un importante reflejo informativo en el Juzgado de Instrucción nº 5, ubicado en las Torres V Centenario, donde declaró el comandante de la Guardia Civil melillense, Arturo Ortega y el coronel Ambrosio Martín Villaseñor, en calidad de testigo, sobre las devoluciones de 21 inmigrantes que entraron a Melilla de forma clandestina a bordo de coches kamikazes. Son algunas las voces que cuestionan con ánimo crítico y de forma pública las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad en cuestiones fronterizas, pero son muchos más los ciudadanos que de forma callada se sienten orgullosos de la labor dura y, sin duda, complicada de los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, en orden a la salvaguarda de los intereses generales de la población melillense, española y europea.
