El portavoz de Ciudadanos (C’s) en la Asamblea, Eduardo de Castro, reiteró ayer la postura de su partido sobre la “dudosa legalidad” de la encomienda de gestión de la planta depuradora a la empresa pública Remesa a pesar de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales no ha admitido el recurso presentado por la formación naranja sobre este asunto. De Castro quiso dejar claro que dicho tribunal “no ha resuelto nada”, sino que se ha declarado incompetente sobre este asunto, cuyo fondo no entra a analizar. Por lo tanto, puntualizó que el tribunal “no da nada de razón a la Ciudad Autónoma ni a C’s se la quita”, como a su juicio quiso hacer ver días atrás el consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, ya que al no admitir el recurso “no entra en el fondo de la cuestión”. Partiendo de esta base, De Castro apuntó que “Quevedo miente”, al tiempo que le rebatió su afirmación de que C’s había demostrado no tener conocimientos de Derecho. “Él no tiene ni los mínimos, porque si no, sabría que este tribunal no es de Justicia, no emite y dicta sentencias y sus miembros son funcionarios. Es más, el presidente y los vocales son nombrados por el Consejo de Ministros”, agregó el líder de C’s.
Una vez que Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales se ha declarado incompetente en este asunto, De Castro descartó que su partido vaya a acudir a la vía judicial porque se han agotado los plazos temporales para poder presentar un recurso contencioso-administrativo. “Este recurso nos ha venido muy tarde, se nos ha comido los plazos aunque hemos intentado ir por la vía más rápida y barata”, lamentó.
El portavoz de C’s consideró que si el tribunal administrativo, dependiente del Ministerio de Hacienda, hubiera admitido el recurso de su partido, “se habría dado cuenta” de algunas de las cosas que planteaba, entre ellas el hecho de que la Ciudad Autónoma no haya sacado a licitación este servicio, ya que no ha dado oportunidad a que otras empresas se presenten, a pesar de que la anterior adjudicataria, Acciona, había manifestado su falta de interés en seguir adelante con la prórroga.
También recordó que dos interventores rechazaron la opción de la encomienda de gestión, antes de que la interventora actual diera su visto bueno. “Qué casualidad, funcionarios que dicen que no ya no están en la Intervención”, señaló De Castro, que insistió en que la opción por la que ha optado la Ciudad Autónoma es 700.000 euros más cara que el contrato que tenía adjudicado anteriormente a una empresa privada.
“Falta de ética”
De Castro negó que las críticas de su partido pudieran suponer una paralización del funcionamiento de la planta depuradora, como afirmó el consejero de Coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo. “Lo que más nos asombra, y creemos que es lo más impresentable por la falta de ética, es que diga que C’s ha intentado causar daño a Melilla, a Remesa y a los trabajadores. Debería ser más cauto, porque pretender enviar un mensaje de que C’s pone en peligro puestos de trabajo es demagógico, ruin e impropio de un miembro del Gobierno”, señaló De Castro antes de recordar que la Ley contempla la subrogación de la plantilla. Además, apuntó que el dictamen del tribunal refleja que “no se aprecia concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso”.
Por último, De Castro instó al consejero a que se interese por la situación de los trabajadores, ya que éstos han transmitido a C’s su descontento con las condiciones laborales actuales.
