De Castro declara ante el juzgado por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida de 108.000 euros de Cs

Eduardo de Castro ex presidente de Melilla y de CS
(Personajes: Eduardo de Castro, ex presidente de Melilla desde junio de 2019 hasta mayo de 2023 y antiguo líder de Ciudadanos)

El ex presidente de Melilla desde junio de 2019 hasta mayo de 2023 y antiguo líder de Ciudadanos, Eduardo de Castro, ha declarado este miércoles ante el juzgado acusado de la presunta comisión de un delito de apropiación indebida de los fondos de la cuenta de la formación política.

El caso se presenta como complejo, con múltiples capas políticas y legales. El exlíder de la formación naranja, finalmente expulsado por su partido a nivel nacional tras conocerse sus primeras imputaciones judiciales, enfrenta serias acusaciones.

En declaraciones a Popular Televisión y COPE, ha sostenido que intentó devolver el dinero, pero ha afirmado que este «desapareció de forma extraña». A su llegada a los juzgados, Eduardo de Castro ha reconocido a los citados medios estar «tranquilo». Ha insistido en que «no hay nada que ocultar» y ha expresado su confianza en que se haga lo procedente. A su modo de ver, la denuncia obedece a «una maniobra más».

De Castro ha recordado que la denuncia se produjo a pesar de que él intentó “devolver un dinero y ese dinero desaparece de forma rara y extraña, sin ser todavía rescatado». Ha añadido que «son 108.000 euros que no se han devuelto, que son del erario público, y que yo lo iba a hacer y no se pudo porque no me dejaron».

La situación para el ex presidente de la Ciudad se complica, siempre respetando la presunción de inocencia el ex mandatario. De Castro fue expulsado de Cs por no informar sobre una imputación previa y por desobedecer directrices del partido. Este trasfondo ha intensificado su relación conflictiva con la organización, lo que ha llevado a una batalla judicial en la que primero logró anular su expulsión, aunque posteriormente la Audiencia Provincial la ratificó.

La clave del caso radica en el destino de los 108.000 euros en cuestión. Si se demuestra que realmente intentó devolver el dinero y no pudo, podría argumentarse que hubo una falla en la gestión más que un delito. Sin embargo, si no hay pruebas claras de ese intento, la acusación de apropiación indebida podría avanzar en su contra.

Habrá que ver qué sucede a medida que avance este proceso judicial.

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