Define el Diccionario de la Real Academia Española la política, a los efectos que nos ocupan, como la “actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos o como la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo”. Introduzco la apreciación de “a los efectos que nos ocupan” porque, si bien, el diccionario contempla otras tres acepciones, no se relacionan directamente con el objeto de estas reflexiones.
Esta semana se ha votado en el Congreso la, aparentemente, tan ansiada Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Como es sabido, la proposición ha sido rechazada por haber cambiado el sentido del voto de los siete Diputados de Junts, que, previamente, habían visto rechazadas sus enmiendas por parte del Partido Socialista Obrero Español, con el que negocia la redacción final de esta Ley a fin de que satisfaga, específicamente, sus demandas, a cambio de las cuales, dio su respaldo, en la sesión de investidura, al presidente Sánchez.
Esta iniciativa ocupa el centro de la actividad política, ya que, sin su aprobación en los términos convenientes para el Partido de Carles Puigdemont, el resto de la actividad política, es decir el resto de la gestión de los asuntos públicos, se encuentra aparcada. Dada la aritmética parlamentaria a la que el presidente Sánchez ha decidido someterse para permanecer en el gobierno (no para gestionar los asuntos públicos), este Partido amenaza con no respaldar ninguna de las iniciativas planteadas por el Gobierno o por los Partidos que lo sustentan, dejándolo en manos de la oposición.
Es conveniente recordar las despectivas carcajadas que el presidente Sánchez le dirigía a Alberto Núñez Feijóo desde la tribuna del Congreso de los Diputados, durante su sesión de investidura, en referencia a lo expresado por éste en el sentido de que no sería presidente pagando el precio que Pedro Sánchez estaba dispuesto a pagar, que, visto lo visto, es el de la parálisis de la actividad política y el de la subordinación del contenido de la misma a la aprobación específica de uno de los Grupos Parlamentarios de la Cámara, que cuenta con siete Diputados. En ello nos encontramos.
Hace dos semanas se votaron 3 Reales Decretos Ley, de carácter económico, en el Congreso de los Diputados y el mismo Grupo Parlamentario se negó a respaldar al Gobierno si éste no se sometía a un determinado número de cesiones, entre las que se encontraba, como más relevante, la cesión de la gestión de las migraciones. Tras el pleno y el dispar resultado de las votaciones (uno de los Reales Decretos Ley fue rechazado por el voto en contra de Unidas Podemos, como castigo a Yolanda Díaz, por desencuentros internos dentro de Sumar), el asunto de la “cesión” de la gestión de las migraciones, parecía imposible de “ceder” y se empezó a hablar de “delegar”, de “transferir parcialmente”cuando en el ánimo de los independentistas se acariciaba lo que ellos denominaban una “cesión de la gestión integral”.
El Portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados, Patxi López, se despachó con que no quedaba claro qué era lo que se había acordado porque el acuerdo se había firmado en los pasillos “de aquella manera”, como dando a entender que los que lo habían firmado no sabían muy bien qué era lo que estaban firmando y cuál era el alcance real de lo firmado y que habría que depurarlo. Ciertamente, produce una cierta zozobra pensar que la gestión de los “asuntos públicos”, los que nos afectan a todos, sea tratada con esta aparente ligereza y si ustedes me lo permiten con este, igualmente aparente, grado de frivolidad.
Parece que nos encontramos ante un claro caso de identificación de prioridades. ¿Prevalece el interés general sobre el personal del Presidente Sánchez? O bien ¿es a la inversa y son los de éste los que prevalecen sobre los generales? ¿Hasta cuándo y hasta dónde va a ceder el presidente del Gobierno de todos los españoles al chantaje de un Grupo minoritario para su supervivencia? A mí me parece que se trata, claramente, de una cuestión de prioridades.
Al comienzo de esta semana, durante una entrevista en el Palacio de la Moncloa, en la que se preguntaba al Presidente del Gobierno sobre el cuestionamiento de la oposición al proceso descrito, éste se despachó con su conocida frase sobre la “fachosfera” a la que acusaba de promover un ambiente de insulto y de crispación. Curiosa manera de acusar a alguien de insultar y de crispar, insultándole y crispando.
Al parecer, porque no lo aclaró, el término “fachosfera” engloba a todos aquellos que no comparten la visión del Gobierno sobre determinados asuntos y le llevan la contraria. Mecanismo autocrático para descalificar al adversario político, absolutamente impropio de un dirigente pretendidamente democrático.
Y es que este Presidente, para el que, presuntamente, según sus palabras, “la verdad es la realidad”, confunde con demasiada frecuencia la realidad con su “relato”. Pretende imponernos a todos la obligatoriedad de asumir su relato, es decir su percepción de la realidad, a la que tiene todo el derecho del mundo, pero que no puede imponer.
Bueno sería para nuestra salud colectiva que nuestro Presidente del Gobierno, el de todos, se apease de su prepotencia y de su faltona manera de reírse y de descalificar a sus adversarios políticos y admitiese la posibilidad, siquiera remota, de cometer errores, poniéndose, en alguna ocasión, a rectificar, que, desgraciadamente para todos, es cuando acierta, como ocurrió con la Ley del sólo sí es sí.
Recuerden su acusación a Alberto Núñez Feijóo de hacernos perder el tiempo por someterse a una sesión de investidura, a propuesta del Jefe del Estado. Ahora, la gestión de los asuntos públicos, los que nos afectan a todos, se encuentra postergada por su imperiosa necesidad de satisfacer a quien, con sus siete votos, le mantiene en el Gobierno. Esto sí que es hacernos perder el tiempo. Cuestión de prioridades.
(*Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, Senador del PP)
