Tras «las presiones de Unidas Podemos que ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva»
En este sentido, reclaman una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para «aclarar» esta situación planteada por sus socios de Gobierno, «ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración».
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha reclamado a Hacienda que cierre el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años, estableciendo unas condiciones «que hagan sostenible el modelo y la atención que reciben» en torno a 2,1 millones de personas en toda España. «De lo contrario, estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia», recuerdan.Además, la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud.
A juicio del sindicato, la iniciativa de Podemos se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional. El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este Real Decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social. Así, «modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo», explican. CSIF inició una interlocución con los diferentes grupos parlamentarios y el propio Gobierno para frenar esta iniciativa.; y solicitó al Ministerio de Seguridad Social una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión y en su contestación, generó más dudas. Según señalan, les informaron de que, «si bien se trataba de un cambio en la gestión de las pensiones, las consecuencias de este traslado serían abordadas «más adelante»».
