El sindicato de educación CSIF, máximo representante del profesorado en Melilla, quiere recalcar que la información vertida por el presidente de la FAMPA en diferentes medios de comunicación “puede llevar a malas interpretaciones sobre los hechos acaecidos la semana pasada en el IES Enrique Nieto”. El sindicato indica que “la actuación llevada a cabo por parte de los docentes del Aula Abierta, así como del director del centro, que básicamente consistió en intentar contener al alumno para impedir que se hiciese daño a sí mismo, a otras personas y a las instalaciones del centro, coinciden con las de los protocolos para estos casos que existen en otras comunidades, aunque lamenta que, después reclamar unos protocolos similares para Melilla, e incluso de recibir borradores realizados conjuntamente por las organizaciones sindicales, el Ministerio de Educación aún no se ha dignado a elaborarlos.”
Continúan alegando que “en ningún momento se ha negado la condición del menor de ser un alumno con necesidades educativas especiales, y nadie ha “criminalizado”, la ausencia de control con la que reaccionó aquel día. Tanto el profesorado que le atendía aquel día en clase como el director del IES Enrique Nieto son excelentes profesionales con años de experiencia que jamás han tenido un problema por agresión a ningún alumno.”
Además, buscan ‘aclarar’ que “los cinco minutos de silencio que se produjeron a las puertas del Enrique Nieto el pasado viernes a la que asistió CSIF no fue, en absoluto, para condenar a ningún alumno ni ninguna agresión, fue para protestar por la indefensión que tenemos los docentes en situaciones como esta, y la falta de personal cualificado que pueda prever circunstancias como estas que todos lamentamos.”
El sindicato sí se muestra de acuerdo con el Sr. Casares, “y así lo llevamos manifestando desde hace tiempo, en que las Aulas Abiertas aunque puedan teóricamente ser una solución a la inclusión de alumnado con necesidades especiales, su falta de organización y personal especializado están constituyendo un verdadero problema, no solo para los centros, sino también para los propios menores y sus familias. Queremos también recordar que ese Aula Abierta, como otras tres existentes en la ciudad, aún no han sido autorizadas por el Ministerio de Educación. “Finalmente, desde el sindicato reivindicar “que se realice una política de inclusión real y organizada, diseñada por especialistas y con la participación de representantes de los miembros de la comunidad educativa,” añaden.
