El Ministerio de Justicia ha aprobado una resolución por la que encomienda la gestión de los expedientes de nacionalidad de inmigrantes al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España por 4 millones de euros, según publica el Boletín Oficial del Estado del pasado 7 de abril de 2015.
Esta medida es un anticipo en el proceso de privatización del Registro Civil iniciado por el Gobierno que ahora dice que pretende dar salida a 150.000 expedientes de nacionalidad atascados desde finales de 2013 por parte del Ministerio de Justicia, competente para resolver estos expedientes cuando, en realidad, se han paralizado, según ha denunciado CSI- F en repetidas ocasiones recogiendo las quejas de los perjudicados. Poco le ha importado la situación de esos 150.000 ciudadanos extranjeros solicitantes de nacionalidad española y, al final, se ha sometido a los requerimientos de los Registradores que exigían compensaciones por este trabajo.
¿Estos expedientes se han paralizado para justificar este pago o estamos ante una casualidad? Estos cuatro millones de euros se podrían haber invertido directamente en le Registro Civil actual para dotarle de los medios que reclama tanto nuestro sindicato como la Defensora del Pueblo. Además, esta medida pone en evidencia la promesa del Gobierno de que la gestión del nuevo Registro Civil iba a ser costeada por los Registradores. Ahora sabemos que el problema del Registro Civil es un Gobierno y un Ministerio de Justicia que sólo quiere una cosa: privatizar un servicio público a favor de una casta profesional y a costa del bolsillo de los ciudadanos.
Queda por aclarar la denuncia publicada en medios de comunicación por la que el Colegio pagó cinco millones de euros por el programa de digitalización (doce veces superior a su precio de mercado) por orden de una comisión creada en el seno de la Dirección General de Registros y del Notariado.
En vez de buscar soluciones; En vez de solucionar los cuellos de botella del Registro Civil aprovechando la formación, experiencia y potencial de los Funcionarios de Justicia; En vez de escuchar a estos funcionarios expertos en el Registro Civil y aprobar el Registro Civil electrónico que descargaría el trabajo cotidiano de los Registro Civiles en un 15 ó 20%, sin necesidad de privatizar nada; En vez de hacer caso a la Defensora del Pueblo que en su informe de 2014 señaló a la falta de medios personales y materiales como la causa de las quejas del Registro Civil; En vez de profundizar en la modernización del Registro Civil en la que se llevan invertidos cerca de 200 millones de euros que se van a regalar o a tirar a la basura; en vez todo eso, el Ministerio de Justicia regala 4 millones de euros a los Registradores de la Propiedad y mercantiles con la mirada puesta en la privatización del servicio.
