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Cs insiste en un nuevo escrito: “La baja del partido convierte a Eduardo de Castro en tránsfuga”

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Eduardo de Castro e Inés Arrimadas

La formación naranja ha presentado un segundo escrito ante la Asamblea, firmado por su secretaria general, Marina Bravo, en el que insiste en solicitar que De Castro pase a ser diputado no adscrito “con todas las consecuencias”

Ciudadanos (Cs) ha presentado ante la Asamblea un nuevo escrito, más completo que el primero donde comunicaba oficialmente la expulsión de Eduardo de Castro de la formación, en el que deja claro que el presidente de la Ciudad Autónoma ya no integra sus filas. “La baja del partido convierte a Eduardo de Castro González en tránsfuga, en los términos del Pacto anti-transfuguismo firmado por todos los partidos políticos”, asegura el escrito, firmado por la secretaria general de Cs, Marina Bravo.

En este documento, de 121 páginas, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, Cs quiere hacer constar que la expulsión de De Castro y el hecho de que éste no haya dejado el acta de diputado convierte al presidente “en tránsfuga” como aclaración por parte de la formación política ante posibles “dudas”.
Así, señala que el apartado primero del Pacto anti-transfuguismo dispone que “cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los propuso quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”.
En este caso, ante la negativa de De Castro a reconocer su situación, es su ya expartido el que lo califica, directamente, como un “tránsfuga”: “El expulsado del partido, y, por consiguiente, tránsfuga, en tanto que diputado no adscrito”, denominación esta última que recoge el Reglamento de la Asamblea de Melilla, en su artículo 24.


Aplicar el Reglamento

Cs es tajante al insistir en la necesidad de que se aplique dicho artículo 24 del Reglamento de la Asamblea, ya que, “interpretado conforme a la doctrina constitucional y jurisprudencial indicada, [el diputado no adscrito] no puede disfrutar de ningún beneficio que vaya más allá del estatuto básico de la representación”.
“Así lo establece el indicado artículo respecto del que se separe del grupo, con independencia de cuál sea la causa de la separación, como puede ser la derivada del transfuguismo castigado por el Derecho, en los términos indicados”, agrega Cs.
Por esta razón, la formación naranja, en su escrito, solicita que la Asamblea de Melilla se dé por enterada de la expulsión de Eduardo de Castro como afiliado de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y “deduzca las consecuencias adecuadas a Derecho en relación con la aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento de la Asamblea, conforme al artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la interpretación del Tribunal Supremo (Sentencia 1401/2020, de 26 de octubre)”.
Ello, según Cs, debe conducir a que Eduardo de Castro “pase a disfrutar de la condición de diputado no adscrito con todas las consecuencias establecidas en la legislación aplicable”, algo que también pide la formación que preside Inés Arrimadas.

“El transfuguismo supone un atentado a la democracia”

En su escrito, Cs deja claro que “el transfuguismo supone un atentado a la democracia” porque es un “engaño al voto manifestado por los ciudadanos a favor de una lista, promovida, organizada y financiada por una fuerza política”.
“El tránsfuga traiciona el voto de los ciudadanos, por lo que no debería poder obtener ningún beneficio derivado de su proceder, en particular, que le permita disfrutar de un estatuto jurídico superior al de los diputados que no han incurrido en transfuguismo”, insiste Cs en el escrito, firmado por Marina Bravo.
Asimismo, se hace eco de una sentencia del Tribunal Constitucional, según la cual el transfuguismo “puede justificar que el legislador imponga ciertas limitaciones en el estatus del representante político que se coloca en tal situación”. Y es que, en palabras de Cs, “poner freno al transfuguismo es una finalidad constitucionalmente legítima”.

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