La coordinadora del programa de Cruz Roja, María del Carmen Andujar, explicó en declaraciones a este diario que el proyecto que se llevará a cabo en los bajos de un edificio del Rastro se inició hace 25 años en diferentes localizaciones y nunca ha generado "inseguridad" a los vecinos. Además, aclara que no tiene que ver con personas con problemas de drogodependencia, ni tampoco con Menores Extranjeros no Acompañados (Menas). Por su parte, el presidente de Emvismesa explicó que la ONG ha pagado por las tres viviendas más de lo que pagaría una familia por descalificarse como VPO. María del Carmen Andujar, coordinadora del programa que se desarrollará en los bajos del edificio que ha adquirido Cruz Roja en el barrio del Rastro, explicó que dicho proyecto lleva desarrollándose durante 25 años en otros dos barrios y nunca ha dado problemas de inseguridad a los vecinos.
En declaraciones a este diario, explicó que las personas que participan en este programa "no tienen ningún perfil problemáticos" y no tienen relación alguna con problemas de drogodependencia, ni tampoco con Menores Extranjeros no Acompañados (Menas).
Las personas que participarán en el programa que coordina Andujar son personas "tranquilas" y que "intentan mejorar su vida". Además, las monitoras de Cruz Roja están pendientes trabajando con las personas que residirán en el inmueble.
Por otro lado, Andujar explicó que se han comprado las viviendas, pero por más de 25.000 euros por viviendas. En concreto, cada una de los inmuebles de cuatro, tres y dos habitaciones respectivamente tuvieron un coste de 360.000 euros, además de las obras que tienen que llevar a cabo para habilitar la vivienda para el desarrollo del proyecto.
Del mismo modo, Andujar defendió que desde Cruz Roja como ONG hace "un gran esfuerzo" en comprar el edificio, cuando en otras ocasiones con otras organizaciones se las ceden de forma gratuita.
Por su parte, el presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla (Emvismesa), Manuel Ángel Quevedo, explicó que tras la reunión, parece que se han aclarado alguna de las informaciones que les habían transmitido.
Asimismo, explicó que estas viviendas salieron a la venta y ninguna se llegó a vender hasta que Cruz Roja mostró interés en comprarlas. Además, según aclaró Quevedo, la ONG tuvo que pagar más de lo normal debido a que dichas viviendas tuvieron que ser en primer lugar descalificadas como viviendas sociales a través del Ministerio de Fomento, lo que dio lugar a que el IPSI sea de un 4 por ciento y no un 0,5 por ciento que es la cifra que se suma a las VPO.
Más que cualquier familia del edificio
Además, el presidente de Emvismesa aclaró que las obras no tienen que ser comunicadas a los vecinos sino a la Ciudad que cedió la licencia de obra en el mes de diciembre.
Por otro lado, Quevedo explicó que las viviendas de este grupo de vecinos están en régimen de alquiler con opción a compra, motivo por el que instaron a los vecinos durante la reunión a que si preferían comprarlas lo solicitaran por escrito, para solicitar la autorización de Ministerio de Fomento.
Insisten en la imposibilidad de compra
Una de las portavoces del grupo de vecinos del Rastro que este lunes se concentró ante la sede de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla (Emvismesa), María Eugenia Rubio, aseguró en declaraciones a este diario que tras la reunión con Emvismesa y Cruz Roja, los vecinos continúan viendo que el programa que se llevará a cabo en los bajos de su edificio podría atraer "inseguridad" a la zona. "No tiene ni pies ni cabeza", aseveró Rubio quien explicó que en la reunión de vecinos del edificio que mantendrán, estudiarán el caso con un abogado, y es que creen que podría ser ilegal que se haya comprado la vivienda en dos y no en cinco años como pone su contrato. Así, aseguró que ya no es solo el edificio sino que en la mañana de ayer los vecinos recogieron unas 320 firmas de vecinos de El Rastro en contra de la ejecución de este programa de Cruz Roja en el barrio.
